El lunes pasado la revista Proceso Digital publicó audios de una conversación que sostuvimos como parte de nuestras actividades de trabajo, al ser funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero.
La grabación de audios como estos, hay que resaltarlo, constituye un delito grave consignado como tal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues evidencia una actividad de espionaje de quien quiera que esté detrás.
Consideramos que no podemos solapar estas prácticas, que son antesala de estados totalitarios y particulares que buscan perseguir, controlar o chantajear a través de información mal habida.
Por lo anterior, analizamos la posibilidad de demandar por el uso de esta recurrente actividad ilegal.
No es la primera vez que se espía telefónicamente a funcionarios de esta administración estatal.
A pesar que sabemos que nuestros teléfonos están intervenidos, no hemos tomado precaución alguna de contraespionaje, ni tenemos teléfonos o códigos especiales para comunicarnos.
Nuestro único elemento para defendernos contra estas prácticas, es la legalidad de lo que hacemos.
Por eso enfatizamos que en las grabaciones que publica Proceso Digital a través del corresponsal en Guerrero, no existe una sola línea o expresión que sustente la interpretación que hace sobre dichas grabaciones.
De lo único que dan cuenta los audios, es de dos conversaciones que se tuvieron con el fin de concretar la ejecución de obras etiquetadas por los diputados, dentro de los trabajos de gestión y beneficio social que ellos hacen.
Se trata de acuerdos y negociaciones con las dependencias responsables de su ejecución y financiamiento, lo que es completamente legítimo en todo proceso de acuerdos entre miembros de ambos poderes, como ocurre en todos los estados del país e incluso a nivel federal.
La actuación de los legisladores como gestores de obra corresponde a una de sus funciones como representantes populares en sus respectivos distritos.
Nunca, en momento alguno, se dice que dichos recursos sean el pago de nada, ni que se otorguen o condicionen a cambio de algo.
Por todo esto, expresamos lo siguiente:
A quienes intervienen las líneas telefónicas de manera ilegal, a quienes difunden su contenido a sabiendas de que su origen es ilícito, y a quienes las malinterpretan con fines tendenciosos y malintencionados, les pedimos que se abstengan de recurrir a estas prácticas ilegales y se conduzcan con responsabilidad.
El momento político y social que atraviesa Guerrero, no merece este tipo de calumnias que generan confusión y confrontación.
El gobernador Rogelio Ortega Martínez ha hecho un gran esfuerzo para construir líneas de diálogo que abonen a la unidad de los guerrerenses. Sumémonos a ese esfuerzo, es por el bien del estado.
ATENTAMENTE
ELISEO MOYAO MORALES
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
JESÚS HERNÁNDEZ TORRES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO