El Congreso del estado dio hoy el primer paso para crear en la entidad el Sistema Estatal Anticorrupción, que entre otras cosas busca que Guerrero deje de ocupar los primeros lugares en corrupción en el país entre servidores públicos y particulares, y castigar con cárcel a los funcionarios que incurran en esa práctica, que mucho daño ha ocasionado a la administración pública estatal y municipales.
La iniciativa de decreto para que Guerrero combata a fondo la corrupción en la administración pública, fue presentada por la diputada Eloísa Hernández Valle, la cual de ser aprobada requerirá la modificación de muchas leyes que tienen que ver con la transparencia y con la Fiscalía General del Estado, así como la creación del Capítulo Octavo en la Constitución Política del estado.
En la exposición de motivos la legisladora local señaló que de acuerdos a datos publicados, la Organización de Transparencia Internacional se quedó corta al señalar que el abuso del poder público en beneficio del privado, “es lo que nos ha llevado a la corrupción”.
Las estadísticas indican que en la actualidad México ocupa el lugar 33 de 100 países, es decir con altos niveles de corrupción, considerando que de menor a mayor son los más corruptos, es decir quien ocupa el lugar 100 no tiene corrupción, “con lo que México no está ni siquiera a la mitad”.
“Esto quiere decir que México y por ende en el estado de Guerrero tenemos altos niveles de corrupción”, apuntó.
Asimismo, dio a conocer que de 175 países examinados, México ocupa el lugar 103 en actos de corrupción, y resaltó que vale la pena conocer estos datos “toda vez que el Banco Mundial reprobó a nuestro país con esta calificación”.
Eloísa Hernández consideró por ello necesario que el estado de Guerrero cuente con un Sistema Estatal Anticorrupción, haciendo modificaciones a la Constitución Política del estado, y leyes que tengan que ver con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, además de que implicará la creación de la Fiscalía Anticorrupción, y modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad.
“Los litros de gasolina menores a mil mililitros es un acto de corrupción, así como la emisión de certificados a maestros que no concluyeron la universidad son también actos de corrupción que deben ser combatidos”, indicó.
También son actos de corrupción la herencia de plazas que debieran concursarse, y que se den comisiones a funcionarios para que salgan proyectos, y el cobro del diezmo en la adjudicación de la obra pública y para que lleguen los recursos a los municipios son también actos de corrupción, dijo la legisladora.
Hernández Valle lamentó que muchos actos de corrupción que ocurren en el estado y en el país, no quieren ser observados por las autoridades ni son combatidos porque en ellos incurren conocidos o amigos.
Dijo que todos los actos y componendas entre funcionarios y particulares, tienen al estado sumido con los más altos niveles de corrupción, con el círculo vicioso de que llegan más recursos a los que tienen más, y llegan menos a los que menos tienen.
Preocupa que las instituciones del estado estén vinculadas con hechos de corrupción, “considero que se han traspasado las barreras de los partidos políticos, de las instituciones, inclusive del mismo estado”, agregó.
Señaló que también son actos de corrupción el asesinato del cónsul de Francia en México ocurrido en el 2002; y la desaparición forzada de más de 90 personas entre 1990 y 2014 documentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También son actos de corrupción la localización de fosas clandestinas con más de 25 mil cadáveres, y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, agregó..
La diputada local lamentó que en Guerrero “no haya existido responsabilidad ni sensibilidad por parte de los servidores públicos involucrados, para velar por los intereses de la sociedad guerrerense”.
Explicó que el Sistema Estatal Anticorrupción será una instancia coordinadora entre autoridades en la prevención, detección, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, que se ajustará a lo que disponga la Constitución política local.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso