• Convocó al Ejecutivo Federal y a la CONAGO a trabajar todos juntos para generar un consenso y un compromiso por la paz
• Ante el Presidente de la República y los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, advirtió que la violencia en algunas zonas del país ha puesto en riesgo la vigencia de los derechos humanos
• Llamó a no permitir que la violencia sea protagonista de nuestra convivencia, y a fortalecer la vida y la cultura democráticas de que gozamos, producto del esfuerzo y sacrificio de muchos mexicanos
Ante la violencia en algunas zonas del país, no hay lugar para la indiferencia y la insensibilidad, afirmó hoy el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que los niveles de violencia que se viven generan una nueva realidad a la que no nos debemos acostumbrar y demandan acciones responsables y compromisos inmediatos.
“La frecuencia e intensidad de hechos violentos que también se han registrado durante el proceso electoral –afirmó—, resultan preocupantes y no pueden ser aceptables”.
Al hablar en la ceremonia conmemorativa de los 25 años de la fundación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), González Pérez señaló: “No permitamos que la violencia sea la protagonista central de nuestra convivencia en los próximos años, ni que nuestra historia futura se manche de sangre”.
“Fortalezcamos la vida y la cultura democráticas de las que hoy gozamos –puntualizó--, las cuales constituyen uno de nuestros patrimonios más valiosos como sociedad y son un producto histórico del esfuerzo y sacrificio de muchos mexicanos”.
Ante el Presidente Enrique Peña Nieto y los titulares y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, entre muchos otros invitados, el Ombudsman nacional agregó que la respuesta que como Estado se dé a esa violencia debe ir más allá de las acciones meramente reactivas, ya que deben entenderse y remediarse los factores que la generan.
“Una perspectiva basada sólo en la reacción –enfatizó— lleva implícito el grave riesgo de que se avalen acciones autoritarias o alejadas de lo previsto por las normas, lo cual no podemos permitir ni como sociedad ni como país”.
González Pérez señaló que la violencia registrada en algunas zonas de México ha puesto en riesgo la vigencia de los derechos humanos y generado una alerta para quienes ven por su protección y defensa.
Subrayó igualmente que el aumento de la violencia y el de la descomposición social ponen a prueba a las instituciones, incluida la CNDH, y evidencian las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuesta por parte de las autoridades desde hace muchos años, así como la debilidad del Estado de Derecho en esas regiones.
En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, González Pérez se pronunció en favor de la defensa de las personas con la ley y sus instituciones. Expresó que la vigencia de los derechos humanos sólo es posible cuando hay paz y seguridad.
“Sin justicia –dijo— no hay paz, sin paz no existen condiciones para el desarrollo pleno e integral de la persona. La paz es un objetivo cuya realización incumbe no sólo a las autoridades. Es un proceso que no puede concretarse sin el compromiso de todos los mexicanos”.
Convocó también al Ejecutivo Federal, a los gobernadores de las distintas entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través del titular de la CONAGO –ahí presente-- a generar un consenso y un compromiso por la paz en México, con sustento en la aplicación de la ley, justicia, igualdad y libertades públicas, que involucre a todos los órganos del Estado y a la
sociedad.
“Los costos inherentes a la prevención de la violencia –añadió— son altos, pero siempre serán menores que aquellos implícitos en permitir su avance. La educación, en y para los derechos humanos, además de un derecho constitucional, es un elemento indispensable para la prevención de violaciones a la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente. Es una prioridad, tanto fáctica como moral, que no debe ser soslayada bajo ningún concepto”.
PALABRAS DEL OMBUDSMAN NACIONAL, LICENCIADO LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, EN LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DE LOS VEINTICINCO AÑOS DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Es para mí un honor darles a todas y a todos la bienvenida a este acto conmemorativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Quiero agradecer en primer término y reconocer que nos acompañe el:
Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
También saludo al:
Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República;
Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión;
Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
Lic. Mariano González Zarur, Gobernador Constitucional del estado de Tlaxcala y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores;
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
Lic. Rubén Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del estado de Coahuila y Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO;
Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México;
Distinguidas Secretarias y Secretarios de Estado y demás miembros del Gabinete del Poder Ejecutivo Federal;
Integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH;
Titulares de los organismos locales de protección y defensa de los derechos humanos;
Representantes de las organizaciones no gubernamentales;
Dra. Mireille Roccatti Velásquez, Lic. Jorge Madrazo Cuéllar, Dr. José Luis Soberanes Fernández y Dr. Raúl Plascencia Villanueva;
Representantes de los medios de comunicación.
Señoras y señores:
“La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar.”
Eduardo Galeano sobre una idea de Fernando Birri
Desde su creación, este Organismo Nacional no había afrontado un contexto tan complejo y demandante como el actual. México no es el mismo hoy que aquel que vio hace 25 años el surgimiento de la que entonces se denominó Comisión Nacional de Derechos Humanos. En sí, el reconocimiento y jerarquía de los derechos fundamentales dentro de nuestro sistema jurídico tampoco es el mismo. El catálogo de derechos se ha ampliado, los mecanismos para hacerlos valer se han fortalecido pero, en contraparte, los riesgos y agresiones en contra de la dignidad humana también han adquirido nuevas formas.
Si bien el estado que guarda el respeto a los derechos humanos en algunas partes de México no nos da ningún motivo de celebración, hoy que conmemoramos los primeros 25 años de este Organismo Nacional, considero que es una ocasión oportuna para reflexionar respecto de su trascendencia, objetivos, retos y desafíos que como institución enfrenta de cara al futuro.
El Ombudsman ha sido, desde su mismo origen, un contrapeso necesario frente al ejercicio del poder público. Es un elemento indispensable para equilibrar la interacción entre autoridades y gobernados tomando como parámetro el respeto a la dignidad humana y la aplicación de la ley.
La existencia de la CNDH le ha dado al Estado y a la sociedad mexicana la oportunidad de comprender y hacer vigentes muchos valores. En 1990, al ser los derechos humanos una cuestión lejana y por muchos desconocida, buena parte de la sociedad aceptaba con fatalismo irreflexivo que el abuso del poder era inherente a su ejercicio. Frente a ellos, hubo grupos que pugnaron por el respeto a la dignidad humana bajo cualquier circunstancia, postura esta última que abrió camino, ganó fortaleza y ha prevalecido.
Muchos pensarían que actualmente se violan los derechos humanos más que antes. Me parece difícil saberlo, sin embargo, sí es posible entender que el aumento en el número de quejas entre 1990 y 2015 obedece, entre otras cosas, a que hoy día las personas conocen y son más conscientes de sus derechos, hay dónde y quién atienda las violaciones a los mismos, además de brindar apoyo a las víctimas. Las opciones que tienen las personas para hacer valer sus derechos son cada vez más amplias, así como su conocimiento público, lo cual se complementa con la existencia de una sociedad civil activa, organizada y comprometida con la causa de la dignidad humana.
El fortalecimiento de esta noción básica sobre los derechos humanos ha propiciado que la existencia misma de esta Comisión Nacional se constituya como algo benéfico, al generarse en la sociedad la convicción de que hay una institución atenta a la protección de su dignidad y que actúa en su favor cuando la misma sea violentada. Ese hecho, por sí mismo, contribuye a inhibir conductas contrarias a los derechos fundamentales.
La CNDH ha colaborado en la consolidación de la vida democrática en nuestro país al incidir en la construcción de una nueva forma de relacionar a los ciudadanos con el poder. La mejor expresión de esta evolución democrática está contenida en la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, por medio de la cual, el Estado ya no otorga ni concede los mismos, sino se obliga a reconocerlos y respetarlos.
Esta Comisión Nacional es parte de un movimiento social, reformador y regenerador que se planteó modernizar al país y fortalecer sus instituciones. No deja de ser relevante que México, con sus características e historia, con frecuentes episodios autoritarios, haya podido generar en 1990 una institución que al mismo tiempo es freno y conciencia, así como promotora de cambios sociales.
No podemos llevar a cabo esta conmemoración sin hacer un ejercicio autocrítico y reconocer que, durante estos 25 años, la Comisión Nacional ha tenido ausencias, omisiones, trabas burocráticas y también ha enfrentado la tentación de ceder a las presiones políticas.
En contraste, la CNDH ha contribuido a generar una conciencia en la sociedad y en las autoridades sobre la importancia y necesidad de que se respeten los derechos de las personas, visibilizado múltiples abusos, logrado que, de algún modo, los mismos no queden impunes y propiciado que los derechos fundamentales se tomen en cuenta en las políticas públicas.
Como institución, la CNDH se ha ido adaptando a las nuevas visiones y lógicas que han imperado en materia de derechos humanos, cuya principal incidencia ha sido el reconocimiento gradual de un catálogo cada vez más amplio de derechos fundamentales. La idea de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos, repercute decisivamente en la manera de proteger y promover los mismos.
En 1990, los derechos que ocupaban a este Organismo Nacional eran los que, en ese entonces, se llamaban de primera y segunda generaciones, tales como la libertad, la vida, el debido proceso, el derecho a la salud y la libertad de expresión. A 25 años de distancia, la distinción entre generaciones de derechos se ha eliminado. La atención de los escritos de queja ahora implica ponderar un conjunto amplio de derechos humanos, relacionados entre sí y que pueden ser vulnerados por factores de muy diversa índole.
De manera adicional, prácticas y conductas de las que conoció este Organismo Nacional en 1990, desafortunadamente hoy se siguen presentando, como son la tortura, la desaparición forzada y los problemas relativos a las personas en condición de migrantes, agravados por la presencia de las organizaciones criminales. Esto nos impone la necesidad de revisar si los derechos humanos efectivamente se han puesto como eje de toda decisión de gobierno y si los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro de actuación.
El Ombudsman no puede resolver todos los problemas sociales ni remediar muchas de las inconformidades que tiene la sociedad respecto de la administración pública. Sin embargo, en los asuntos de su competencia, México y los mexicanos deben tener certeza plena que se maximizarán los recursos y se sacará fuerza de las debilidades, para que la verdad prevalezca y la atención y el auxilio lleguen a quien ha sido víctima de algún agravio.
Un Ombudsman fuerte e independiente conviene a todos y fortalece a México. Menoscabar su autonomía o pretender politizar su función implica un daño grave a la vida democrática de nuestro país. El conocimiento y respeto de los derechos humanos cuenta hoy con un entorno más propicio que hace 25 años pero, si no se logra la vigencia plena de los mismos, se pone en riesgo la gobernabilidad y el sistema democrático.
La Comisión Nacional no ha logrado evitar casos tales como los de Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Chalchihuapan o Tlatlaya, pero sí ha logrado visibilizarlos, evitar que se olviden y procurar que no queden impunes. En ese mismo sentido se conocen hechos como los sucedidos en Iguala, en Apatzingán y, más recientemente en Tanhuato, donde la demanda y necesidad de que se conozca la verdad imponen la realización de investigaciones exhaustivas, imparciales, diligentes y objetivas.
¿Por qué a 25 años de distancia las violaciones a derechos humanos siguen siendo un tema frecuente en la vida pública de nuestro país? La respuesta trasciende el ámbito exclusivo de las autoridades, llega hasta cada uno de nosotros y tiene como punto central nuestra cultura de la legalidad, el respeto que le damos al Estado de derecho, la forma en que vemos que la ley se aplica y los niveles de impunidad que imperan.
La autoridad tiene la obligación de sujetar sus actos a lo previsto por las normas, de aplicar la ley a quien la incumpla y no permitir forma alguna de impunidad. La coherencia y ejemplo de la autoridad en el propio actuar es tan importante como las acciones que emprenda ante quien viole las normas. Como sociedad, no sólo debemos exigir a las autoridades que cumplan y respeten la ley, debemos empezar por ser nosotros mismos quienes observemos las normas, respetemos a nuestros semejantes y trabajemos día a día por la grandeza de nuestra Nación.
De nada o de muy poco servirán los cambios institucionales y normativos que se emprendan si no somos capaces de generar un cambio cultural en cada miembro de nuestra sociedad, en la conciencia ética de cada mexicana y mexicano, a efecto de que asuman la necesidad y conveniencia de cumplir con la ley y sujetar sus actos a la misma, lo cual lleva implìcito el respeto a los derechos fundamentales. Comprender que el hecho de incumplir la ley buscando un beneficio personal en el corto plazo, ocasiona en el largo plazo un daño que supera al individuo, llega a la comunidad y acaba afectando a toda la sociedad.
La violencia registrada en algunas zonas del país ha puesto en riesgo la vigencia de los derechos humanos y generado una alerta para quienes vemos por su protección y defensa. Su incremento y el de la descomposición social, ponen a prueba a las Instituciones, incluida a la CNDH, y evidencian las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuesta por parte de las autoridades desde hace muchos años, así como la debilidad del Estado de Derecho en esas regiones.
La respuesta que como Estado se dé a esta violencia debe ir más allá de las acciones meramente reactivas, hay que entender y remediar los factores que la generan. Una perspectiva basada sólo en la reacción lleva implícito el grave riesgo de que se avalen acciones autoritarias o alejadas de lo previsto por las normas, lo cual no podemos permitir ni como sociedad ni como país.
No hay lugar para la indiferencia ni la insensibilidad. Los niveles de violencia que se viven generan una nueva realidad a la que no nos debemos acostumbrar y que nos demanda acciones responsables y compromisos inmediatos para ser atendida. La frecuencia e intensidad de hechos violentos que también se han registrado durante el proceso electoral, resultan preocupantes y no pueden ser aceptables.
No permitamos que la violencia sea la protagonista central de nuestra convivencia en los próximos años, ni que nuestra historia futura se manche de sangre. Fortalezcamos la vida y la cultura democrática de las que hoy gozamos, las cuales constituyen uno de nuestros patrimonios más valiosos como sociedad y son un producto histórico del esfuerzo y sacrificio de muchos mexicanos.
Señoras y señores:
Hace 25 años, el Ombudsman Jorge Carpizo ya hacía notar que la persecución de los delitos no era incompatible con un régimen sustentado en los derechos humanos, que no era posible que se pretendiera remediar la injusticia, cometiendo nuevas y mayores injusticias, toda vez que una violación a los Derechos Humanos que no es resarcida, debilita al pacto social y jurídico sobre el cual se apoya la sociedad mexicana. La clave, antes como hoy, se encuentra en la vigencia de un Estado de derecho que garantice el respeto de todos los derechos humanos.
Hay que defender a la persona con la ley y sus instituciones. La vigencia de los derechos humanos sólo es posible cuando hay paz y para ello es indispensable la seguridad. Sin justicia no hay paz, sin paz no existen condiciones para el desarrollo pleno e integral de la persona. La paz es un objetivo cuya realización incumbe no sólo a las autoridades, es un proceso que no puede concretarse sin el compromiso de todos los mexicanos.
Es convicción de esta Comisión Nacional el hacer un respetuoso llamado, tanto al Ejecutivo Federal, como a los gobernadores de las distintas entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, esto último a través del titular de la CONAGO aquí presente, para que trabajemos juntos en generar un consenso y un compromiso por la paz en nuestro país, con sustento en la aplicación de la ley, en la justicia, en la igualdad y en las libertades públicas, que involucre a todos los órganos del Estado y a la sociedad.
Los riesgos y consecuencias de la violencia son sumamente graves, aún estamos a tiempo de revertir este proceso. Para ello es preciso apostar, no sólo a la vigencia de la ley, sino a la cultura y a la educación, con sustento en los derechos humanos, que sirva para construir la paz.
Los costos inherentes a la prevención de la violencia son altos, pero siempre serán menores que aquellos implícitos en permitir su avance. La educación, en y para los derechos humanos, además de un derecho constitucional es un elemento indispensable para la prevención de violaciones a la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente. Es una prioridad, tanto fáctica como moral, que no debe ser soslayada bajo ningún concepto.
Concluyo con una cita del primer Presidente de esta Comisión Nacional, a quien los mexicanos tanto debemos en la construcción de las instituciones democráticas, así como en la promoción y defensa de la dignidad humana en nuestro país:
“Uno de los valores más queridos para el ser humano es la realización de la justicia. Que este valor, que es parte indispensable del trabajo del Ombudsman, guie siempre nuestros actos. Que todos juntos, con nuestros esfuerzos y voluntades, hagamos que la justicia, principio y fin del quehacer humano, brille y se fortalezca. Justicia como meta y al servicio de las personas. Justicia que perfeccione el orden jurídico y haga resplandecer el cumplimiento y la protección real de los derechos humanos.”
Muchas gracias