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Averígüelo Vargas

Averígüelo Vargas
Periodismo
Septiembre 07, 2015 22:56 hrs.
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Enrique Vargas Orozco › guerrerohabla.com

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Héctor Astudillo ofrece ampliar investigación de los normalistas; coincide con el presidente EPN.--Acompaña Rogelio Ortega a los comuneros que se oponen a la presa La Parota.

El gobernador electo Héctor Astudillo Flores coincidió, después de conocer las conclusiones que presentaron los integrantes de la Comisión Especial de Expertos de la CIDH, en que la investigación sobre los estudiantes de la normal de Ayotzinapa debe ampliarse y continuar hasta que se tenga una conclusión que establezca con claridad que pasó con los 43 desaparecidos, quienes se les llevaron y cuáles fueron las corporaciones que intervinieron y conocer cuál fue el destino final de esos normalistas.
Destacó que en un caso tan grave como ese no puede existir “ni perdón ni olvido”, sino que debe mantenerse la indagatoria “hasta conocer la verdad de esos indignantes hechos”.
Calificó de brutales los ataques contra estudiantes y algunos ciudadanos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre del año pasado, por lo que no pueden tolerarse ni solaparse, sino que la indagatoria debe mantenerse hasta alcanzar una explicación suficiente de la ocurrido y se señale con claridad a quienes tuvieron alguna responsabilidad en ese sentido.
Se advierte que Astudillo no habrá de cubrir ninguna deficiencia o a personas que tuvieran alguna responsabilidad o intervención en el que ha sido señalado como el peor crimen cometido en el país en mucho tiempo, ya que se trata de un funcionario determinado a que la ciudadanía recupere la confianza en el gobierno y en sus integrantes, especialmente, en el gobernador y sus principales funcionarios, que dañaron severamente los dos gobiernos precedentes, propuestos por el PRD, que ahora vive una de sus peores crisis y divisiones.
En ese sentido se pronunció también el presidente Enrique Peña Nieto, quien respaldó y ordenó atender en las recomendaciones y conclusiones de los expertos de la CIDH, para que finalmente, en forma conjunta la PGR y el grupo señalado traten de llegar a una conclusión final, que muestre que fue lo que ocurrió en realidad y se determine el destino de los estudiantes, además de castigar a quienes tuvieron alguna responsabilidad en los hechos.
LA INTERVENCIÓN DE los expertos de la CIDH provocó que se hagan nuevos planteamientos sobre lo ocurrido con los estudiantes, que llegaron a Iguala para apoderarse de camiones de pasajeros y fueron enfrentados inicialmente por la policía municipal, quienes los habrían detenido y entregado, según la primera versión, a sicarios del grupo de los Guerreros Unidos, del que formarían parte el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles, sicarios que los habrían llevado a Cocula, donde los mataron y supuestamente los incineraron.
Los expertos no coinciden con la parte de la incineración, porque señalan que no era posible reducir a cenizas 43 cuerpos con la materiales que utilizaron.
Sin embargo, sus conclusiones no van más allá y no plantean alguna hipótesis de lo que habría ocurrido con los cuerpos de los normalistas, por lo que versiones más optimistas aseguran que podrían estar vivos y retenidos por algún grupo, lo que hace que resurjan las esperanzas de los padres de que podrían recuperar a sus hijos con vida, lo que resulta muy improbable, pero hace surgir esperanzas que tienen pocas posibilidades de cumplirse y que se alguna manera prolongan el sufrimiento de esa gente, con muy pocas posibilidades de que en realidad no hayan sido sacrificados.
Tiene que continuarse con la investigación, pero hasta ahora los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sólo se han limitado a rechazar la versión que presentó la PGR a principios del año, pero sin que hayan podido establecer posibilidades en contrario sobre la ubicación y destino de los cuerpos o de lo estudiantes, que tendrán casi un año de haber desaparecido.
Se insiste, por parte de los padres y otros grupos interesados en el tema, en que se prolongue el trabajo de esa comisión, a lo que el gobierno ha accedido, además de dar instrucciones del presidente Peña Nieto de que se atiendan todas sus recomendaciones y se les facilite el trabajo, con la finalidad de alcanzar una conclusión que sea definitiva y concluyente.
Coincide en esa actitud el gobernador electo, Héctor Astudillo, porque realmente es una necesidad definitiva que se llegue al final de la investigación, la determinación de los culpables y sus cómplices, porque sólo de esa manera podrá recuperarse la tranquilidad y el ambiente propicio para que en Guerrero se enfoquen todas las fuerzas y la energía necesaria en el trabajo que mejore las condiciones de vida de los guerrerenses, que es un reclamo impostergable y de justicia, porque poco se ha hecho en ese sentido.
ACOMPAÑA ROGELIO ORTEGA A LOS COMUNEROS QUE SE OPONEN A LA PRESA LA PAROTA.--También como una forma de contribuir al ambiente de tranquilidad y trabajo es atender y convivir con los grupos que generan problemas en el estado, como en el caso de los opositores a la presa La Parota, que se mantienen en su decisión de impedir que esa hidroeléctrica se construya, porque sus tierras y comunidades quedarían bajo el agua del embalse.
Por eso, el gobernador Rogelio Ortega se reunió con los integrantes del grupo del Cecop que encabeza Marco Antonio Suástegui, uno de los líderes de esa organización, y que recientemente fue liberado de prisión por medio de una fianza, gestión en la que se dijo que intervino el propio mandatario sustituto, como una forma de disminuir la tensión que existía por su encarcelamiento.
En ese sentido Ortega Martínez manifestó a los comuneros que ha levantado la voz contra las injusticias y en espera de que el Congreso del Estado aprueba la ley de amnistía que propuso para tratar de liberar a gente como Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y los dirigentes de las policías comunitarias que se encuentran presos.
Sin embargo casi concluyó la gestión de la 60 Legislatura y aún no entra en funciones la 61, por lo que es difícil que puedan atender esa demanda, ya que también el gobernador Ortega tendrá que dejar el cargo el 27 de octubre.


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