(Carta a Don Héctor)

EN EFECTO. EL DERECHO de audiencia es el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa, así como para ser recibida, oída y atendida por la autoridad dentro de un plazo razonable, como bien lo dice el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado, Ramón Navarrete Magdaleno. Sin embargo, tal parece que aún hay funcionarios de gobierno que no lo entienden.

Solo así se entiende que el Frente de Grupos Vulnerables y Personas con Capacidades Diferentes, que encabeza Silvestre Rodríguez Fernández, haya solicitado la intervención de la Codehum para concretar una reunión con autoridades de gobierno, con el fin de plantearles solución a sus demandas en favor de sus representados.

Y es que la gestión es uno de los servicios que brinda el organismo defensor de los derechos humanos del estado, contemplado en el Artículo 3, fracción XIX de su Ley Orgánica, por lo que su presidente Ramón Navarrete Magdaleno atendió a integrantes de esa organización social, quien le hizo la petición de solicitar, en su nombre, una audiencia con autoridades gubernamentales para plantearles asuntos relacionados con pensión vitalicia, mejores oportunidades de empleo, microcréditos y paquetes de viviendas que coadyuven en una mejora de vida para este sector vulnerable de la sociedad guerrerense.

Y obvio, el ombudsman guerrerense, como lo ha hecho siempre, cuando al igual que ahora acuden a la Codehum las organizaciones sociales o de manera particular a solicitar su intervención, se comprometió a realizar todas las gestiones necesarias para concretar las mesas de trabajo y dar solución a las peticiones del Frente de Grupos Vulnerables y Personas con Capacidades Diferentes.

Qué bueno que haya instituciones, como la Comisión de los Derechos Humanos del estado, que sirvan de enlace para concretar encuentros entre las autoridades de gobierno y las organizaciones sociales como es el caso, pero qué grave que se tenga que recurrir a ellos para que los servidores públicos, en este caso los funcionarios, para que éstos reciban y atiendan a la población como es su obligación.

Ojalá y se ponga orden en ello, pues el gobierno, y en consecuencia los funcionarios de gobierno, no solo están obligados a recibir en audiencia y atender a los guerrerenses, sino que se deben a ellos, toda vez que para eso se les paga y por eso es que se les denomina servidores públicos.

EN OTRO ASUNTO, como seguramente sabes, el coordinador de los presidentes municipales del PRD, Pablo Higuera Fuentes, informó que los alcaldes emanados de su partido acordaron esperar la propuesta sobre el Mando Único Policial, a fin de analizarla y determinar si se suman o presentan una propuesta alterna en materia de seguridad pública.

Lo anterior debido a que el asunto del Mando Único Policial, el cual ha desatado una polémica entre el alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, y diputados del Movimiento Ciudadano, luego de que hay la intención de concretar esta acción en un periodo de seis meses. En este sentido, Pablo Higuera precisó que “no conocemos el tema, y por lo tanto no nos da muchos elementos para analizarlo”, y en consecuencia “no se trata solo de decir sí o no”, sino de analizar a detalle el tema, que es complejo.

El edil perredista recordó que en las administraciones municipales anteriores se planteó que alrededor de siete municipios entraran al esquema del Mando Único, entre ellos Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo, y sin embargo “hemos visto que no ha avanzado el asunto, incluso en Eduardo Neri encontramos una Policía desarmada, que no estaba en funciones, por lo que hoy la seguridad corre a cargo de la Policía federal, precisamente porque se estaba trabajando en ese tema del Mando Único”.

POR ÚLTIMO. NO LE FALTA RAZÓN al ex diputado local Antonio “Toño” Gaspar Beltrán. Chilpancingo es una ciudad capital descuidada, sin ley, y sin autoridad, y lo que es peor, con altos índices de inseguridad y violencia, de ahí que muchas familias se están yendo y los comerciantes cerrando sus negocios.

Y puntualiza: “No vemos autoridades que tengan ética moral, compromiso social y político”. Añade: “No sé a quién le convenga todo este escenario que estamos viviendo, pero no podemos heredar a nuestros hijos este mundo en que vivimos”, tras señalar que sabe que son más las familias nativas de Chilpancingo que están dejando la ciudad ante sus altos niveles de violencia, una capital que llama actualmente “sin ley”.

Pero no solo eso, dice Toño Gaspar: “Vemos calles destrozadas, llenas de basura; una ciudad descuidada, sin ley. Es una ciudad que está ansiosa porque quienes nos gobiernan se interesen en llamar a la gente a participar. Pudieran ponerse mil pretextos, uno de ellos es que no hay recursos económicos para atender las necesidades de la gente, pero creo que no todo se resuelve con dinero, hay que apostarle a la sensibilidad social, al compromiso, al amor por Chilpancingo”.

Sin embargo, hay dudas que el actual alcalde, Marco Antonio Leyva Mena tenga ese compromiso que se requiere por Chilpancingo. Claro. Lo dijo en campaña, pero eso fueron promesas.

Comentarios: julio651220@hotmail.com
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