La comparecencia del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Héctor Apreza Patrón, ante el pleno de diputados del Congreso local, para explicar el presupuesto de egresos que aspirar ejercer el gobierno de Guerrero el próximo año, dejó al descubierto las primeras presuntas irregularidades financieras en las que habrían incurrido ex servidores públicos estatales del gobierno de Rogelio Ortega, quienes el 26 de octubre pasado dejaron el cargo.
Como resultado de las revisiones contables, un grupo de colaboradores del ex gobernador interino están obligados a comprobar el destino de 8 mil 362 millones de pesos.
Las cuentas hechas públicas por el responsable del área financiera del gobierno del estado, indican que algunos ex funcionarios del gobierno de Ortega están plenamente identificados y con un pie en la cárcel, porque de plano no pudieron comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación, el destino, uso y aplicación de 3 mil 150 millones de pesos, que corresponden al gran total observado en las auditorías y revisiones.
Con seguridad el deslinde de responsabilidades dará cuenta si se trata de una treta política del órgano de fiscalización del Congreso federal, para empañar a la ex administración estatal que por un año dirigió los destinos del estado, o si en verdad hubo abusos en el ejercicio del poder que de ser ciertos deberán ser castigados con severidad.
Lo anterior se justificaría porque ese mundo de dinero que no aparece, y que ya generó otro déficit al gobierno del estado que se sumará a la deuda histórica que tiene por un monto de 18 mil 600 millones de pesos, debió haber llegado a las clases más necesitadas traducido en obra pública o en programa sociales de interés colectivo.
Este primer reporte de daños detectado por el nuevo gobierno del estado y validado por la Auditoría Superior de la Federación, dejó en situación de asombro a los diputados que integran la 61 Legislatura, porque se trata de más de 8 mil millones de pesos que no aparecen y que se esfumaron por arte de magia, porque hasta ahora se desconoce su paradero.
En la comparecencia no se dieron a conocer los nombres de los ex servidores públicos involucrados en esa presunta responsabilidad, ni las oficinas donde laboraban. Sólo se dijo que la Auditoría Superior de la Federación los tiene bien identificados para fincar procedimientos administrativos y hasta penales.
De esta situación la bancada perredista del Congreso local guardó silencio, toda vez que fue el Partido de la Revolución Democrática a través de su dirigencia nacional, quien recomendó a Rogelio Ortega para fungir como gobernador interino, quien al paso de los días en el poder despojó al PRD de toda posición en el gobierno del estado, y llenó los mandos de las oficinas de académicos sin experiencia en la función pública, y las consecuencias del poder arbitrario ya están a la vista con el primer reporte de daños.