Democracia subsidiada / i

En general, es aceptado que el sistema de toma de decisiones de los asuntos públicos, por medio del voto, lo que actualmente identificamos como democracia, tuvo sus orígenes en la ciudad- estado de Atenas. Sin embargo, desde su nacimiento, dicho sistema manifestó imperfecciones tales como la excluir del derecho al voto a las mujeres, los esclavos y a todo ciudadano que no pudiera demostrar su solvencia económica. Hoy, en la mayoría de los países que rigen su vida pública bajo un régimen democrático, dichas prácticas condenadas y hasta sancionadas por la ley. Sin embargo, existen casos en que a pesar de estar jurídicamente sustentadas, en la práctica de alguna manera son toleran, ejemplo de ello es la discriminación fundada en el género, las creencias religiosa, raza, posición económica e inclusive debido a la actividad política, lo cual genera que prevalezcan fundamentalismos y en algunos casos la esclavitud disimulada.
Así el concepto de democracia fue desarrollándose, progresando, pero también degenerando y modificando su significado original, hasta llevarlo a una mera arena de disputa por los recursos económicos provenientes del erario público. La misión de difundir las ideas y las tesis que sustentaban esas ideas, fueron dando paso, a la obtención de posiciones de negociación, de poder y por lo tanto al acceso de mayores recursos.
Se dice que nuestro país está atravesando por una etapa política que identifican como “transición democrática”, queriendo decir que venimos de una situación en donde prevalecía estados no democráticos y que una vez superada esta etapa el país vivirá bajo un régimen democrático. Con lo anterior se quiere dar validez a la tesis de que al ser la democracia un asunto de interés nacional, es totalmente valido que sea subsidiada.
En la Reforma Política elaborada en el año de 1977, se reconoció la naturaleza de los partidos políticos como entidades públicas. Posteriormente, en la de 1987, se planteó por vez primera el respaldo pecuniario a los partidos políticos estableciéndose que en función del número de votos alcanzados, se otorgara un apoyo bajo el criterio del “costo mínimo de una campaña para diputado. En 1990, se amplió el concepto de financiamiento por actividad electoral, por actividades generales como entidades de interés público, por subrogación del Estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos y por actividades específicas como entidades de interés público, manteniendo el criterio dual, proporcional al número de votos y escaños. En 1993, surgió el financiamiento a los partido de registro reciente, asimismo, se restablecieron normas referentes al financiamiento privado y se prohibieron las aportaciones provenientes de entidades gubernamentales, organizaciones religiosas, entidades extranjeras y empresas mercantiles. De esta manera, nació en nuestro país “la pluralidad” política.
Con la reforma antes mencionada, la diversidad, la pluralidad y las “opciones” que él ciudadano tiene para elegir, se produjo, entre los partidos y los políticos, un fenómeno que hasta la fecha ha sido una práctica común. Las diferencias, políticas, ideológicas, económicas o de ambición dentro de la estructura burocrática de los partidos, en lugar de ser dirimidas internamente, al existir una gama mayor de partidos políticos simplemente brincan, sin ningún rubor, y tomaban la mejor opción para sus intereses. Hoy son identificados como “los trapecistas” o “chapulines”.
La ampliación del mercado electoral, con las diferentes reformas, poco han contribuido, como lo suponen los analistas nacidos del movimiento del 68, en él fomento o en el avance de nuestra democracia. La ampliación electoral si ha producido una incremento, pero en el número de partidos políticos, en el crecimiento del hoy Instituto Nacional Electoral (INE) que solamente ha contribuido en darle más apoyo a la incesante tendencia de la centralización a los recursos públicos, (para su operación y las campañas políticas) a los partidos políticos. Obviamente, autorizados por las cámaras que están conformadas por esos mismos partidos.
En esta transición hacia la democracia, se vive un auge sin precedente en el número de partidos políticos, también de políticos y de igual manera un constante cambio de estos, de una corriente a otra y de igual manera, los recursos públicos que son manejados por dichos partidos. También, se observa un incremento de las discusiones fuera y dentro de las sedes de los partidos, en las cámaras y principalmente en los medios de “comunicación”. Con ello se creó un nuevo mercado, la venta de imagen (a favor o en contra) de los partidos y la de los políticos, surgiendo a la luz un participante, hasta la fecha poco conocido como tal, por la lucha de los recursos públicos que son destinados al fomento de nuestra democracia y que son esos mismos medios de “comunicación” y sus comunicólogos, sus mensajeros.
Tenemos y vivimos una transición, pero difícilmente podemos sostener que ella nos llevara hacia la democracia. Todo indica que dicha transformación nos está conduciendo hacia un camino, que algunos politólogos extranjeros identifican como “partidocracia, ” bajo la cual se contempla un sistema en donde los partidos son los que establecen el marco legal que los norma, el número y las condiciones en las cuales pueden formarse nuevos partidos y por lo tanto, los recursos públicos que serán destinados a su operación y la celebración de los procesos electorales. Asimismo, señalan topes sobre los recursos que pueden recibir de entes sociales o particulares. Se puede argumentar que mucho de lo expuesto anteriormente es responsabilidad del INE, pero olvidan que en dicho INE, participan los partidos políticos y su presupuesto es determinado por ellos.
Así podemos observar, que la partidocracia en México solo ha servido para crear una gran cantidad de leyes y normas que al final solamente benefician a esos mismos partidos. De igual manera, han sido creados organismos cuya finalidad es, supuestamente, encargarse de cuidar que nuestros derechos como humanos, como consumidores, como pequeños productores, prestadores de servicios y comerciales, receptores de información y como electores. Pero al final, nos encontramos que somos víctimas de monopolios u oligopolios de todo tipo, privados, estatales, nacionales y extranjeros, o bien de las normas o leyes dictadas, aprobadas o toleradas por esos partidos en conjunción con múltiples secretarías y organismos federales. De igual manera, tenemos los llamados Organismos No Gubernamentales (ONG), los cuales queriendo venderse como independientes, ocultan su procedencia y por lo tanto, sus intenciones reales.
Por otra parte, los procesos electorales han sido convertidos en una maraña cada vez más compleja. Han sido establecidos una serie de normas y procesos de operación destinados, mediante una obligatoriedad estricta, para ser cumplidos no por los actores de dichos procesos, sino por los electores mismos. En este contexto, los factores económicos pesan más en los principales actores ya sean como partidos, gobierno, ONG, cualquiera que sea su disfraz, y medios de comunicación entre otros.
De igual manera, en algo que asemeja una estafa bien planeada, y mejor ejecutada, bajo el pretexto de “eficientar,” disminuir costos y modernizar todo el proceso electoral se ha procedido a centralizar el proceso electoral. El pretexto argüido es que se quiere evitar la corrupción y el manipuleo electoral en las entidades federativas. Aunado a lo anterior, disfrazado en un supuesto “principio de equidad”, se paraliza a los distintos órdenes de gobierno prohibiéndoles difundir o ejecutar programas que pudieran asemejar campañas para inducir el voto. De esta manera, se quita a los ciudadanos el derecho a decidir si deben o no recibir los servicios o beneficios que son canalizados por las diversas instancias gubernamentales gobiernos. Así, dicen los miembros de la “partidocracia,” se evitan que sean influenciados (comprados) a la hora de emitir su voto, tratándolos como menores de edad electorales. Tienen derecho a votar, pero ello está condicionado a lo que estimen conveniente los integrantes de la “partidocracia.” Pareciera ser como si al final no fueran los ciudadanos quienes con sus impuestos financian esa “Democracia Subsidiada”. Todo ello, para que al finamente, no tengan ni seguridad, ni crecimiento, ni empleos, ni expectativas de un futuro aceptable, y, por si fuera poco, también sean defraudados electoralmente. sergiocastro6@yahoo.com.mx