Denuncian policías ministeriales que el Gobierno quiere quitarles sus plazas

Denuncian policías ministeriales que el Gobierno quiere quitarles sus plazas


Gilberto Guzmán

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Denuncian policías ministeriales que el Gobierno quiere quitarles sus plazas

Seguridad

Enero 29, 2016 22:23 hrs.
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*“Hay compañeros que no tienen brazos o piernas, otros enfrentan padecimientos mentales o enfermedades crónico degenerativas”, señalaron los inconformes


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Este viernes, un grupo de Policías Ministeriales que se encuentran de incapacidad definitiva protestaron frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), porque la institución pretende despojarlos de sus plazas sin respetar las prestaciones de ley.
En la manifestación participaron alrededor de 40 agentes que coincidieron en que los afectados podrían ser más de 230.
Indicaron que los afectados están relacionados con el acta ministerial DGCAP/AA/0183/2015, mediante la cual la FGE solicita copia certificada de los expedientes de cada uno de los agentes que gozan de incapacidad definitiva.
Son parte de los agentes ministeriales a los que se refirió el entonces aspirante a Fiscal, Javier Olea Peláez, al comparecer ante el Congreso local como parte del procedimiento de su designación, cuando dijo que en la PME había al menos 300 elementos que cuentan con incapacidad definitiva, que cobran sin trabajar.
Entonces, Javier Olea –hoy Fiscal-, dijo que una parte importante de esos 300 elementos operaban para el crimen organizado, y anunció que de asumir el cargo se enfocaría en revisar esa situación y recuperar las plazas para asignarlas a agentes en operación, y que en los casos donde se confirmara un vínculo con el crimen se iniciarían los procesos pertinentes.
La revisión comenzó el 12 de enero y algunos de los policías que se encuentran de incapacidad han expuesto el porqué de tener ese beneficio.
El agente Jesús Garibo Hernández, quien dijo tener 31 años laborando en la PME, mostró las cicatrices de heridas que recibió en un enfrentamiento a balazos, cuando pretendía ejecutar una orden de aprehensión.
“A mí me dieron por muerto, traigo una bala de 38 súper que los médicos no me sacaron porque lo consideraron peligroso, me perforaron el intestino grueso, tengo afectadas la columna vertebral y me sacaron un riñón”, indicó.
Agregó que “a veces, mi esposa me tiene que traer y orientarme, porque se me olvidan las cosas”.
El agente, originario de Boca del Río, Veracruz, ingresó a la PME a la edad de 18 años y la incapacidad le fue otorgada en 1997, por lo que a la edad actual no podría encontrar ni desempeñar otro trabajo.
Otro elemento incapacitado es Rey David Hernández Flores, quien acusó que la FGE pretende forzarlos a firmar una baja voluntaria, con la intención de que no tengan derecho a cobrar las prestaciones que les otorga la ley.
Los inconformes mencionaron que el seguro de vida, que en tiempos del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo era de un millón 500 mil pesos, bajó a 650 mil.
“El problema es que a veces hacen que los compañeros firmen por 900 mil pesos pero en realidad les dan 650 o 700 mil, nadie sabe en dónde quedan los 200 o 250 mil restantes”, indicó Hernández Flores.
Mencionó que “si ya no nos quieren por la pedacera que somos, pues que nos liquiden conforme a la ley, así nosotros quedamos pensionados porque sabemos que nuestras plazas no son hereditarias”.
Dijeron que es injusto lo que la FGE pretende hacer al quitarles sus plazas, porque “hay compañeros que no tienen brazos o piernas, otros enfrentan padecimientos mentales o enfermedades crónico degenerativas”.


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