Desaparición de poderes, mito fenomenal

La angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada.
Martin Heidegger (1889-1976) Filósofo alemán.

Una figura constitucional que se convirtió en la guadaña juzgadora del Presidente de la República en turno fue la desaparición de Poderes de un Estado o un municipio del país. A facultad, obviamente, está en manos del Congreso de la Unión y a petición de la sociedad o del mismo Ejecutivo Federal.
Para configurarse la desaparición de poderes, es necesario que se aprecien síntomas de ingobernabilidad en una entidad, en una región o, incluso, en un municipio. El artículo 76 constitucional en sus fracciones V, VI y VII, no establece las consideraciones para llegar a ese objetivo, en el cual las facultades dependen únicamente del Senado de la República.
La Ley Reglamentaria al artículo V Constitucional, promulgada en 1978, donde se establece que el Senado únicamente certificaba una desaparición ya dada y no desaparecía los poderes por sí mismo. Esto acabó con la intervención del gobierno federal en los Estados, aunque no evito la renuncia de gobernadores corruptos o ineptos en el mano de crisis políticas.
En el México postrevolucionario, la figura e ha destinado para remover gobernadores y a muy pocos alcaldes. En total se concluyeron 50 casos. El último fue la caída de Otoniel Miranda, en Hidalgo, quien fue el candidato impuesto por el entonces presidente del PRI, Manuel Sánchez Vite, sin el consentimiento del presidente en turno, Luis Echeverría. En el Senado existen varias solicitudes de desaparición de poderes que duermen el sueño de los “injustos” en el refrigerador legislativo.
Como simple referencia, en el periodo de sexenios el presidente que removió a más gobernadores electos por el voto popular para imponer a sus simpatizantes, fue Lázaro Cárdenas del Río. En Tabasco a Manuel Granier, (abuelo de Andrés Granier), por violar leyes federales. En realidad, los dejaron dos meses en el poder mientras entreo y salió Manuel Lastra Ortiz, impuesto por el cardenista, Tomás Garrido Canabal.
La lista continuó en 1935 con Salvador Saucedo en Colima, por violar la Constitución; Gabriel Guevara, en Guerrero, por permitir el asesinato de varios campesinos en Coyuca de Catalán; Jesús Yáñez Maya, por conspirar y apoyar “la contrarrevolución”; en Durango, para quitar un Congreso local que se enquisto en el poder; Manuel Páez, en Sinaloa, por enriquecimiento ilícito; Ramón Ramos Almada, por violar garantías individuales: autoridades de Chiapas, por obstaculizar proceso electoral y Miguel Álvarez Acosta de San Luis Potosí, por levantarse en armas contra el gobierno federal.
La entidad con mayor desaparición de poderes es Guerrero. Fueron destituidos Gabriel Guevara, 1935; Alberto Berber, en 1941; Alejandro Gómez Maganda en 1954; Raúl Caballero Aburto, en 1961 e Ismael Nogeda Otero en 1975.
Por ello, resulta interesante que en la Cámara de Diputados se quiera matar al mito, al impulsar una reforma Constitucional para regular y restringir los derechos ciudadanos en caso de una invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro caso que ponga en peligro –o en conflicto a la sociedad.
La iniciativa, promovida por Carmen Martínez Santillán, del PT, fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos y ahora está bajo análisis de la Comisión de Justicia. En esta iniciativa, el Presidente de la República en turno, su gabinete y el procurador General de la República, son las autoridades que podrán promover y autorizar dicha acción. ¿Y, la sociedad?, pues no importa.
PODEROSOS CABALLEROS.- Por fin se logró un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, para destrabar la reforma anticorrupción. Manlio Fabio Beltrones, líder de los legisladores del PRI, aceptó la demanda de los dirigentes de los diputados panistas, Ricardo Anaya, y perredistas, Miguel Alonso, de que el Senado ratifique al secretario de la Función Pública. Se trata de un avance importante en materia de transparencia. Sin embargo, hacen falta sanciones más severas contra empleados del sector público que se aprovechen de su puesto para enriquecerse o para beneficiar a grupos y partidos políticos. *** Gas Natural Fenosa, que preside Salvador Gabarró, se adjudicó la distribución de gas natural en los municipios mexicanos de Culiacán, Mazatlán, Elota y Navolato, en el Estado de Sinaloa, con un mercado potencial de cerca de 500 mil clientes, por un período de concesión de 30 años, prorrogables, informó el grupo energético.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Cemex creó su división de Energía, a fin desarrollar proyectos eléctricos y suministrar aproximadamente 3.0 a 5.0 por ciento de las necesidades del servicio de México en los próximos cinco años. Bajo la dirección de Fernando González Olivieri, los funcionarios de esa empresa están entusiasmados con el futuro del sector energético del país, alcanzaron un acuerdo con Pattern Development, que dirige Mike Garland, quien se encuentra respaldado por la firma de inversiones Riverstone, para impulsar proyectos de energía eléctrica.
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