El Pacto de Civilidad de las élites

El Pacto de Civilidad convocado por el gobernador Rogelio Ortega Martínez, a fin de garantizar una elección en paz el próximo 7 de junio, tiene un ingrediente que perturba: solo considera a las instituciones y a los partidos políticos, pero olvida deliberadamente al movimiento social disidente, que es precisamente el que amenaza con boicotear el proceso electoral. Ningún acuerdo funciona si se considera únicamente a cierto sector, y se excluye a los ciudadanos sin partido y aquellos que disienten precisamente, de la forma en que instituciones, personajes y partidos políticos se han conducido en una coyuntura marcada no solo por los desvíos y excesos del poder, sino por la visible penetración del crimen organizado en las estructuras de las decisiones públicas. Hay que ir por partes para entenderlo mejor.
PACTO DE ÉLITES.- El llamado del gobernador Rogelio Ortega, es claro: convocó exclusivamente a “los dirigentes de los partidos políticos, a los líderes de las fracciones parlamentarias en el Congreso local, a las autoridades electorales, a los magistrados del Poder Judicial, a los presidentes municipales, a los candidatos a cargos de elección popular, a la Fepade y como testigo al presidente del INE, Lorenzo Córdova”, a suscribir un Pacto de Civilidad que garantice una elección en paz y se respete la gobernabilidad. Y de ahí se abren las lecturas: 1.- El llamado del mandatario estatal interino surge cuando ocurren una serie de fenómenos asociados a la dinámica y crisis del poder público guerrerense. Entre ellos, una elección que amenaza con ser boicoteada por los padres de familia de los 42 estudiantes normalistas desaparecidos el pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala. Y que hasta hoy no han recibido una respuesta contundente en torno su paradero. La firma de un Pacto de Civilidad tendría que atravesar necesariamente, el tamiz de la certeza en la justicia y el respeto al estado de derecho. Y aunque es cierto que ese movimiento se ha politizado no solo por los padres de familia de los propios desaparecidos, sino por el magisterio disidente agrupado en la Ceteg, también es real que desde las estructuras del poder no se ha hecho mucho para aclarar este funesto evento. 2.- Los partidos políticos están en crisis. Y uno de sus puntos vulnerables consiste precisamente, en no exigir la carta de no antecedentes penales a sus candidatos a cargos de elección popular. Lo cual es una garantía de que arriben delincuentes camuflados como diputados federales, locales y presidentes municipales. Un primer indicio de voluntad política verdadera para empujar la firma de este Pacto, debió consistir en demandar a los partidos políticos, el cumplimiento irrestricto de dicho requisito. Porque no se puede llamar a la firma de un Pacto de Civilidad, cuando muchos de los candidatos potencialmente ganadores, estarían en la ruta deliberada de romper con el manoseado estado de derecho. En sintonía exacta a como lo hizo el ex edil de Iguala y hoy huésped distinguido del penal del Altiplano, José Luis Abarca Velázquez. 3.- En el Poder Judicial hay una inconformidad laboral que acumula ya más de un mes. Y como respuesta oficial se blande amenazante, el garrote. Como en los viejos tiempos del PRI jurásico y autoritario. Así, el gobernador Rogelio Ortega, llama a un Pacto de Civilidad a un poder público que simplemente, declina utilizar precisamente la civilidad, para resolver sus conflictos laborales internos. Y opta por la cerrazón y el endurecimiento. La indiferencia y arrogancia del poder público. Si esa misma propuesta lleva el Poder Judicial al Pacto convocado por Ortega, ¿de qué clase de pacificación estamos hablando? El punto es entonces bastante obvio: el mandatario estatal interino debió convocar prioritariamente a los actores sociales disidentes a la firma de este Pacto, pues son ellos los que podrían en cierto momento, empujar el caos, la violencia y la anarquía. Y por supuesto, el rompimiento de la paz y el acceso por la vía fast track, a la ingobernabilidad ciudadana. El error gubernamental más delicado, consistió en arroparse con las instituciones y los partidos políticos, responsables justamente, de las crisis coyunturales del poder. Y excluir y dejar deliberadamente en el olvido, al movimiento social. Ninguna democracia crece sobre la base de estos Pactos de Élites. Ese es el punto.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Aunque quiera, el candidato perredista a diputado federal por el distrito 7, Alejandro Arcos catalán, no puede avanzar frente al paso avasallante de la candidata tricolor, Beatriz Vélez Núñez. El PRI se perfila en la ruta de recuperar dicha curul federal…El candidato del PRI a gobernador Héctor Astudillo, no se pone de acuerdo con su dirigente estatal, Cuauhtémoc Salgado. El primero, no avala el Pacto de Civilidad propuesto por el gobernador Rogelio Ortega. Y el segundo sí. La unidad interna tricolor se advierte así, muy frágil y endeble.
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