Sergio Enrique Castro Peña
Plata Pura
En las colaboraciones anteriores tocamos el tema de la población y como lo concerniente a su crecimiento no pasaba de considerársele una variable que era preferible ignorar. También, señalábamos que esta postura no era la más adecuada y que se debería cambiar dicha perspectiva a fin de explorar nuevos enfoques que nos facilitaran una evaluación más realista del problema de la pobreza y como se podría combatir. Entre los sistemas político-económicos, producto de esa búsqueda, tenemos lo que normalmente conocemos como el estado de economía mixta o el estado benefactor.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos iniciaron el programa denominado Plan Marshall. El objetivo primario era reconstruir la Europa desbastada, principalmente a Alemania. Dicho Plan no solamente abarcaba los aspectos materiales como edificios, viviendas, hospitales, industrias, entre otros, asimismo consideraba aspectos de administración gubernamental, seguridad y, de manera señalada, el sistema político. Para ello, el Plan Marshall definió sus acciones desde una temporalidad muy limitada estableciéndose el estado de bienestar “como una condición especial de la democracia, el bienestar social y el capitalismo”. Con ello, se trató de conciliar el pensamiento medular de la democracia, la libertad del individuo, con la intervención del estado como proveedor de servicios sociales integrales. En ello, iba implícita la aceptación de que el sistema capitalista, una economía de mercado, era la única vía económica que lo podía hacer factible.
Los resultados que rindieron el estado de bienestar o estado benefactor, fueron excelentes al grado de que Europa se recuperó en un tiempo record. Al sistema producto de esta estrategia, se le reconoce, principalmente como “economía mixta”. Porque para su funcionamiento es necesaria una mayor participación e intervención del estado en la economía y en la regulación de las otras fuerzas que concurren en el mercado. Este seguiría siendo él medio para la distribución de bienes y servicios, y por lo tanto en los procesos productivos, la riqueza y el ingreso, pero su operatividad vendría a ser regulada. De esta manera seria posible vigilar que las desviaciones que pudieran tener, y afectar a la población en general, fueran modificadas a tiempo por el gobierno.
Como se señalo anteriormente, el estado benefactor, para una operatividad eficaz requería la existencia de una sociedad democrática, con partidos políticos masificados, el disenso como forma de dirimir controversias y la pluralidad como vía en el logro de acuerdos para obtener y conservar la gobernabilidad. Otro objetivo que se busca, con la existencia o la necesidad de contar con un estado benefactor, es que al tenerlo funcionando en una economía mixta, la población en general tendrá la posibilidad de acceder a los servicios sociales básicos como lo son educación, sanidad, salud, seguridad laboral, personal y pensiones, entre otros.
Como todo aquello que tiene éxito, una vez que se alcanzaron los resultados, el estado benefactor enfrentó resistencias. Estas aparecieron en la oposición y ataques por parte de las alas conservadoras de izquierda (el Partido Comunista) y de derecha (el Partido Demócrata Cristiano). Los partidos socialistas o “nuevo socialismo”, al no comulgar con los extremos conservadores, han gravitado en los rangos más moderados, por lo que se les identifica como partidos de centro. Esto, de alguna manera nos explica, en parte, lo que sucede en nuestro país en donde las alianzas paradójicas entre el PAN y el PRD, las razones que ellos esgrimen es lo de menos, los cuales buscan al final una meta común: la desaparición del estado benefactor que le da sustento y vida a los sistemas sociales y políticos de centro.
Existen políticas del estado benefactor que son aceptadas por los contendientes políticos ya sean partidos, asociaciones, empresarios, con candidatos independientes o no, y los movimientos sociales en general. Sin embargo, dicha conformidad no es generalizada, ni incondicional. Las razones son diferenciales y van desde el temor a perder presencia y poder político hasta el punto de estimar que la inestabilidad ocasionada por un alto grado de pobreza y el crecimiento exponencial del número de pobres pueda hacer incontrolable la estabilidad política y social. Por último, los más escasos, son los que lo apoyan por convicción.
Los partidos políticos no solo existen por mandato legal, también por una necesidad de gobernabilidad. Por tener ese carácter de vehículo, entre el gobierno y la sociedad, esto es en el sentido normativo, algo que escasamente vemos en la realidad. Esto es debido a que la integración y el de los partidos están más relacionados con su subsistencia y la obtención del poder que la de ser una representación real y exclusiva de sus electores.
La democracia, o mejor dicho, la transición a una democracia, como la que vivimos en nuestro país, requieren la oportunidad de manifestarse a las diferentes corrientes de opinión. De ello se deriva una pulverización de las fuerzas de masas y con ello gobiernos y congresos fragmentados, poniéndolos en desventajas con las otras fuerzas que no constituyen, normativamente a las reglamentadas por de juego político-electoral, como son las ONG y las agrupaciones empresariales. Ese tránsito ha sido tema recurrente en él análisis de los politólogos, especialmente en lo concerniente a los riesgos que se tienen de desembocar en una democracia fallida.
Actualmente, es común escuchar, a los principales exponentes de la derecha, a los ex-presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, al presidente del PAN y al del Consejo Coordinador Empresarial, exponer la tesis sobre la cuestionable actuación de los partidos políticos, principalmente, en materia de corrupción e incumplimiento de las promesas de campaña, del aprovechamiento personal en lo político y económico de los recursos destinados para fomentar el bienestar de las poblaciones más vulnerables y en la asignación de contratos gubernamentales. Por su parte, la sociedad, argumentan los grupos conservadores, como una forma de rechazo al sistema político, quiere y busca “nuevas” formas “independientes”, de representatividad política. Pero, como la clase empresarial quiere imponer su democracia, pero no pagarla, luchan porque los recursos, vía apoyos fiscales queden normativamente establecidos para esas nuevas formas de manifestación política.
El PRD, en sus desvaríos ideológicos, vive preso del pánico que lo hace temer vaya a de desaparecer del ámbito político y presupuestal. En ese contexto, no pierde ocasión de realizar alianzas con el PAN. Con ello, asume que tendrá un respiro electoral el cual le permitirá contener el avance de MORENA. Por su parte, López Obrador temiendo que el movimiento de la derecha, al traer al Papa Francisco, inhiba su discurso populista con sesgos mesiánicos, se ha visto orillado a realizar actos desesperados como lo fue su viaje al Vaticano. Lo que pretendió vender como un gesto de devoción religiosa, quedó en un acto de sumisión política. Con ello, los conservadores de izquierda y derecha formalizan, no solamente ante el país, sino ante los ojos del mundo, su alianza política y buscan exhibir que han logrado “desecularización” la política. Una vez cubiertos por el manto papal, pueden dar el siguiente paso.
La estrategia de ataque en contra del estado benefactor de las fuerzas conservadoras, se centra en la ineficiencia del gobierno para lograr alcanzar los objetivos de otorgar a la población seguridad, empleo, educación y servicios sociales de calidad y oportunidades para lograr el desarrollo profesional. Además de una incapacidad, casi endémica, de lograr un crecimiento sostenido y el consecuente aumento intolerable de la desigualdad y la pobreza. A ello, se aúna, enfatizan ellos, una corrupción que permea a toda la sociedad y principalmente al aparato gubernamental, lo cual cuesta a la economía miles de millones de pesos. La actual administración y su estrategia de sostener un estado benefactor, de acuerdo a esa tesis, es ineficiente y corrupta.
Tanto la derecha como la izquierda conservadoras insisten en señalar que los objetivos de las políticas implantadas por el estado benefactor son simplemente de carácter paternalista y electoreras. De tal forma, que las acciones destinadas a mejorar las condiciones de los segmentos de la población más desfavorecidos, sí no son realizados por el PAN, y provienen del PRI, no del PRD, entonces han sido implementadas para la compra de votos, o como una especie de chantaje electoral, en donde se juega con el hambre y la necesidad de ese segmento de población. Programas corruptos, en todo el sentido de la palabra.
La estrategia que plantean las fuerza conservadoras de nuestro país para enfrentar los problemas, supuestamente ocasionados por las políticas económicas y de seguridad social de la actual administración priísta, está centrada en proponer soluciones muy socorridas y poco novedosas. Al respecto, sobresalen la disminución del gasto público y un estado mínimo, entre más pequeño mejor. Con ello, supuestamente, sería factible disminuir el déficit fiscal, lograr una menor intervención estatal en las actividades económicas y, principalmente, el objetivo anhelado por largo tiempo: un gobierno más débil tanto en lo económico como en lo político. En pocas palabras, harían del gobierno un ente más manejable.
En la actualidad, el gobierno mexicano vive una situación de asedio y ataques constantes de las corrientes conservadoras ante lo cual ha tenido una respuesta timorata, insegura, tibia, tardía e incoherente. Ello hace que, ante la percepción general, aparezca como acorralado e incapaz de realizar sus funciones con la rapidez y eficacia que las circunstancias demandan. La lucha por el control del poder, entre los grupos y personas que lo conforman incluyendo a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, es encarnizada y las formas y medios utilizados rayan en los bordes de la ilegalidad. La sociedad democrática y laica son anacronismos que los conservadores de derecha e izquierda consideran casi innecesarios.
Ante todo lo anterior, el escenario para la confrontación en 2016, esperemos que solamente sea electoral, está armado. Los resultados de la elección, de 12 gobernadores, de presidentes municipales y diputados locales, habrán de determinar la forma en que se dará la contienda presidencial en 2018. Al mismo tiempo, establecerá el futuro político de los involucrados directamente. En las elecciones de 2016, se juega no solamente la carrera de algunos políticos, también están en juego los resultados e implementación de las reformas estructurales realizadas, y principalmente, el rumbo de las políticas electorales, económicas y sociales a seguir durante los próximos diez años. Pero como dijo un gran político, “poco vivirá el que no lo vea”. sergiocastro6@yahoo.com.mx