Sergio Enrique Castro Peña
eldiariodetaxco.com
En la historia reciente de los procesos electorales hemos encontrado reiteradas tentativas de boicotear la celebración de dichos procesos. Estos boicots, se caracterizaron por su tibieza y estar dentro los límites de lo “correctamente político”, por lo tanto, fueron apoyados por los medios de comunicación. El tema central de los comentarios enfatizaban que eran una reacción a las malas actuaciones y desempeños mediocres, sin estar exentos de rutinarios actos de corrupción, de los partidos políticos y, principalmente, de los políticos.
La pregunta, que siempre, mañosamente, le hacían al elector era: ¿Por qué votar? Todo estaba bien, la desilusión de la ciudadanía es obvia, no se encontraba una verdadera razón para que el ciudadano común y corriente dejara de hacer parte de su rutina “dominguera” en el pasado 7 de Junio y lo destinara a realizar, el engorroso acto de votar. Por partidos y candidatos, que poco hacían, en sus campañas, para decirnos cuál era el argumento, la plataforma política que sustentaban sus candidaturas, y en cambio, solo nos daban un torrente de acusaciones de lo corruptos que eran sus contrincantes, y no es que, estigmatizamos ésta forma de la política, simplemente la señalamos, reforzando con ello lo evidente, tenemos “una clase política y unos partidos” altamente corruptos.
A medida, que los comicios se acercaban, también se presentaba, primero, como un acto aislado y con signos anecdotarios para los medios de comunicación y las autoridades electorales, actos, que no se desarrollaban dentro de las normas tradicionales y procedimiento del actuar de los partidos políticos en la contienda electoral. La violación de las leyes y procedimientos electorales por los partidos políticos, principalmente por el PVEM, fueron expuestos y sancionados económicamente. Otros de menor cuantía, pero no de importancia, denotaban una estrategia que implicaba más agresividad, y por lo tanto, mayores signos mediáticos.
Hasta ahí, todo estaba muy bien, todo era parte del juego democrático: manifestaciones, plantones y en algunos casos, actos esporádicos de vandalismo y violencia. Cuidando, las autoridades, en todo tiempo incurrir en acciones que pudieran ser interpretadas como represoras. Entre las estrategias más socorridas teníamos la negociación para llegar a acuerdos. Los problemas, se comenzaron a incrementar a medida que las “negociaciones” y “acuerdos”, eran realizados en el menor tiempo, para evitar el cierre de calles y los consiguientes embotellamientos. Todo ello generaba los mejores resultados para los “peticionarios”, normalmente reflejados en asuntos de carácter monetario. Debido, a que dichas “negociaciones”, tenían características de todo menos las de un acto de negociar, era simple y llanamente, lo que normalmente se identifica como un chantaje.
Como expresamos anteriormente, las manifestaciones se circunscribían a temas específicos, como, la reforma educativa. Pero todo cambió cuando las autoridades municipales de Iguala, de filiación Perredista y protegidos del líder del hoy partido político de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, tuvieron un enfrentamiento con “estudiantes” pertenecientes a la normal de Atyotzinapa, Guerrero. El saldo de este enfrentamiento, ocasionó la muerte de 43 normalistas. El gobierno federal, más presuroso que informado, se precipitó, y en voz, del procurador de la república, Murillo Káran, a pregunta de un periodista, sobre la implicación del narcotráfico en ese hecho, contesto que “no existía ningún indicio” de su participación, con lo cual, las razones de éste acontecimiento, se mudaron a otros ámbitos, sin que hasta fecha, hayan sido determinados cuáles eran.
La torpeza, no él error, del Procurador, permitió que de la noche a la mañana el problema dejara de ser municipal o estatal y pasara al ámbito federal. Ello implico el traslado de dicho problema, en términos de la responsabilidad para resolverlo y, lo que es más importante, la culpabilidad. Consecuentemente, eran exonerados de cualquier responsabilidad legal y política, el gobernador del estado, el PRD y por ende el líder de MORENA. Por su parte, el gobierno federal, se pasó de ser el investigador para convertirse en el acusado del asesinato, mostrando una torpeza política que rallaba en los linderos de la estupidez.
Estos acontecimientos contribuyeron a proporcionar a los grupos más radicales, la bandera y el sustento renovado de su lucha. Ya no se pedía la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, porque los promotores políticos y financieros, del movimiento, sabían que ese aspecto era relativamente factible de realizar, su demanda evolucionó y radicalizó hasta la que hoy escuchamos y vemos en mantas, “los queremos vivos” y, consignas, que pensábamos habían desaparecido o perdido vigencia, como: “solo con la muerte de la burguesía, el pueblo lograra la justicia”.
No sabemos, si, existe alguien en el gobierno, el crimen organizado, los agentes políticos involucrados o entre los padres de los desaparecidos, que pueda contestar las preguntas que toda la sociedad se hace ¿están vivos?, ¿están muertos? ¿Dónde están? o ¿Por qué los desaparecieron?
Preguntas que han perdido su sustancia, al ser transformadas en simples eslogan de posiciones políticas, o de justificación de actos que sin rubor pretenden, con sus acciones, cooptar los derechos de todos los que no piensan como ellos. No bastaba cerrar carreteras, destrozar establecimientos comerciales, dejar a niños sin escuela, provocar caos vial. No, han sido sustituidas por otras, cuyo contenido es más de carácter político, económico o de posición de fuerza. Fuerza, que se pretendía tuvieran repercusión electoral, lo cual no se dio en las zonas rurales en el grado de contundencia que se pretendía y sí, en la zona metropolitana en donde estaba su fuerza y posición real.
El resultado adicional fue, que al tener, ciertos grupos radicales del magisterio, sus banderas sufrieron una metamorfosis, al pasar de la defensa y exigencia de la aparición de los 43 normalistas, a problemas más afines, como su rechazo a la reforma educativa. En el ámbito electoral, los beneficios que se esperaban, y como se menciona anteriormente, principalmente en las zonas en donde se realizaban, organizadas por el magisterio, no se tradujeron en dichos beneficios.
Con respecto, a las ganancias que MORENA obtuvo, fueron mixtas, por una parte, las expectativas, que se plantearon en las zonas rurales, no les fue favorable, al no lograr una penetración electoral real. Y segundo, un resultado muy adecuado, al cristalizarse sus expectativas en la Ciudad de México, al ganar cinco delegaciones al PRD, y con ello, lograr un paso más en su objetivo primordial, de convertirse y obtener el liderato de la izquierda, construyendo una plataforma, que sustente la candidatura de su líder moral a la presidencia de la república.
Con la finalización del proceso electoral, el país tuvo un momentáneo ambiente de normalidad, que fue irrumpido por el reinicio de las estrategias utilizadas en el pasado, marchas, plantones, toma de oficinas gubernamentales y actos de vandalismo en contra de cierta empresas. A los maestros que realizaban plantones en el D.F., la secretaría de gobernación les pidió que regresaran a sus lugares de origen, con la advertencia de que los maestros que no lo hicieran, se les descontarían sus salarios y se harían acreedores a las sanciones que la ley estipulaba, por abandono de trabajo.
De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó los amparos solicitados por los maestros, por actos de del gobierno, que afectaban sus “derechos laborales”. La argumentación esgrimida por la SCJN, para rechazar los amparos solicitados, fue: “que los derechos laborales de los maestros, no estaban sobre los derechos de los educandos”, en este caso de los niños. En paralelo, el secretario de educación pública solicitó que se definiera el estatus y dependencia laboral de los maestros, debido a que, por un lado, la secretaría era la encargada de pagar sus salarios, pero, por otro, dependían estructuralmente de los estados.
El proceso de evaluación de los maestros, procedió en relativa calma, por el acuerdo que la secretaría de gobernación y la secretaría de educación pública lograron con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con excepción de algunos lugares en Michoacán y Oaxaca. Manejándose diferentes porcentajes sobre la participación del magisterio en el proceso de evaluación, en cuestión. Pero, este ambiente de normalidad, estaba por ser perturbado.
El 21 de Julio del año en curso el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, anuncio la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), convirtiendo al IEEPO, en un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y autonomía de gestión. Con esta acción, la sección 22 del CNTE, consideró que se les “arrebató” lo que, desde el punto de vista de su líder, les “pertenece”. Acción, que la sección 22, considero suficiente, para romper “relaciones” con el gobierno estatal. Como repudio a las acciones del gobierno de Oaxaca, las secciones sindicales que integran la CNTE, manifestaron su apoyo al magisterio de Oaxaca y anunciaron medidas más fuertes, en apoyo de los maestros de dicha entidad.
Sin embargo, el trasfondo, tanto de las acciones del gobierno, como las tomadas por la SNTE, distan de ser puramente educativas, estas subyacen en la apropiación que, con los gobernantes del PRI, el sindicato de maestros se apropió de las esferas administrativas en los estados. Simplemente en Oaxaca, el gobernador anunció que serían reubicados los 4,000 “docentes” que trabajaban como funcionarios estatales. Solo, si pensáramos, el impacto que se tendría a nivel nacional, comprenderíamos la magnitud del botín que está en juego y él porque, el líder oaxaqueño, considera que se “les arrebato lo que les pertenece”.
Tenemos que reconocer, que es una lucha, entre los derechos que los docentes consideran se les han vulnerado, y los derecho del gobierno del estado de Oaxaca. Pero, mientras se desarrolla esa lucha, nos acecha una duda. Nuestros derechos, esos “derechos ajenos”, ¿Quién los atenderán? ¿Quién los hará valer? Las respuestas están en el aire ¿Quién las tomara como suyas? sergiocastro6@yahoo.com.mx
Añadido: El “bronco”, además de resultar, como dijo nuestro amigo el Dr. Rodolfo Villarreal Ríos, un “manso potrillo”, también resulto “chillón” y “berrinchudo”, al no querer respetar las formas y pretender ser el primero, de los gobernadores, ser recibido por el presidente. Al no lograrlo, y, como muestra de enojo, se fue a Venezuela, a contarles como ser un “candidato independiente” y ganar una elecciones. El “bronco” tiene que aprender que ya no es candidato, sino solamente otro gobernador. SECP