Por ello el malestar oficial y por ello el intento de dejar en el silencio el tema

Incapacidad

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Seguridad
Febrero 17, 2015 16:52 hrs.
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Norberto de Aquino/almomento.mx › todotexcoco.com

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El gobierno federal ha decidido simplemente, voltear la hoja y dar por terminado el problema, por lo menos hasta que la realidad regrese las cosas a su lugar. El golpe dado por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas no dejó a nadie tranquilo. Y por supuesto, menos contento.

La preocupación del gobierno mexicano es entendible. El golpe pone en claro la incapacidad de las autoridades para hacer frente al problema de los secuestros y las detenciones. Pero para el gobierno, la preocupación va algo más allá. Y las razones son también, fáciles de entender.

México forma parte de los acuerdos internacionales para combatir las desapariciones forzadas, pero se ha negado a reconocer la competencia del Comité que hoy lo coloca contra la pared, para tomar bajo su ámbito, el tema en el terreno de los individual. Esto es, México se niega a tener que combatir el problema de manera individualizada. Y otra vez, es fácil adivinar la razón para ello.

De cualquier manera, el gobierno mexicano no puede evadir el tema. Y menos los señalamientos.

Y cuando el Comité de la ONU habla de que el problema de las desapariciones existe en buena parte del territorio mexicano, lo que hace en realidad es poner en entredicho todas las afirmaciones oficiales en torno a la disminución de los índices del delito.

Pero ¿qué es lo que le molesta a las autoridades mexicanas?

El hecho de que la ONU habla de que las desapariciones forzadas se extienden por el país. Y que ello, para quienes entienden el tema, significa la corrupción de las autoridades en diferentes niveles.

Una desaparición forzada es un secuestro en que de una u otra manera, toman parte las autoridades. Ya sea policía, ya sean militares. O cualquier otro tipo de autoridad.

Y como la ONU habla de que en México el problema de las desapariciones forzadas existe en buena parte del territorio nacional, queda a la vista entonces el hecho de que, discursos aparte, el problema es mucho más serio de lo que las autoridades querían aceptar.

El gobierno intentó controlar los daños desde que supo que habría sesión del Comité de la ONU en Ginebra. Se planteó la problemática y se decidió llegar con una imagen de preocupación y de aceptación. Se pensó que adelantar las malas condiciones llevaría a los observadores a una postura menos drástica. Pero los cálculos no resultaron acertados.

Ahora, la ONU ha presentado un juicio severo. Y el problema resalta al momento en el que se hace mención al tema de los normalistas de Guerrero.

La ONU habla de la participación de autoridades en la desaparición de los estudiante. Y al hacerlo, se coloca, obviamente sin que exista un complot, de lado de los peritos argentinos que cuestionaron la postura de la PGR al dar a conocer la “verdad histórica”.

La ONU entonces, habla del estado como partícipe. Y con ello, deja abierta la puerta que el gobierno mexicano quería cerrar. La participación del estado vía policías y otras autoridades, coloca el tema de la desaparición forzada como eje de la investigación que no se ha querido hacer o que se intentó colocar sólo en el tema de lo “local”. La ONU habla de un problema mayor.

Y no es necesario ser un experto en la materia para recordar que la ONU considera crímenes de lesa humanidad las desapariciones forzadas justo en el momento en el que se registra el hecho de manera generalizada.

Y al hablar de que el fenómeno se registra en México en buena parte del territorio, lo que se hace es advertir que la incapacidad de las autoridades y la corrupción existente, produce no sólo impunidad, sino que coloca al país en una ruta muy peligrosa.

Por ello el malestar oficial y por ello el intento de dejar en el silencio el tema.

El problema es que en Marzo llega la CIDH para hacer una investigación sobre Iguala. Y en un año, la ONU pedirá que se le informa todo lo que se ha hecho después del fallo del Comité contra las Desapariciones Forzadas.

La agenda nacional depende en mucho, de las presiones externas. Y no son pocas.

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