Postigo
José García Sánchez
Cuando las autoridades electorales adoptan el papel de policías con el pretexto de que son las únicas con credibilidad a la hora de levantar encuestas, es que la militarización del país es un hecho consumado.
El papel policiaco que adoptó en su momento el secretario de Educación Pública, con la valiosa colaboración de los granaderos y la policía federal, anteriormente la policía de Puebla, cuando fue asesinado un adolescente de 13 años, Tlatlaya, Apatzingán, Ayotzinapa, Atenco, eran sólo avisos de algo peor.
Las acciones represivas se han multiplicado a lo largo y ancho del país, con el marco de las fuerzas armadas en todo el territorio es ahora un escenario habitual.
La intimidación de las corporaciones policiacas se presentan como una manera de atemorizar y no de proteger, vemos las carreteras con vehículos militares, las calles con exceso de policías, las casetas de cobro con soldados, por si esto fuera poco el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados finales de la Consulta Infantil y Juvenil 2015. De sus resultados se desprende que jóvenes entre 14 y 17 años no se sienten seguros en la calle ni en su trabajo, sus amistades les han ofrecido drogas y no creen que la situación actual del país mejore.
Es decir, lo que pudo haber sido una visión fresca de la realidad del país los consejeros electorales limitan a una perspectiva criminalística lo que pudo haber sido un estudio profundo de nuestra realidad. Así, otorgan preponderancia a la inseguridad que justifica la presencia de policías y soldados en territorio nacional.
De los 478 mil 600 jóvenes, 84 mil 75, es decir, el 17.5 por ciento dijeron haber sufrido violencia física, verbal, psicológica o sexual; además, alrededor de 83 mil 392 han participado en actos violentos y 19 mil 79 son obligados a participar en un grupo de delictivo.
Del total de encuestados, 69% quiere expresar sus ideas con libertad, 64% quiere más seguridad, 52.7% pide al gobierno tomarlos en cuenta en las acciones para mejorar el país, 45.8% desea que se elijan gobernantes honestos y preocupados por el país, 43.2% que se castigue a funcionarios corruptos y 33.3% pide que las autoridades respeten los derechos humanos.
Aquí el INE pareciera tener la consigna de alertar sobre la sensación de inseguridad, aunque quienes expresan esta condición sea sólo el 17.5 por ciento. Restan así importancia a lo que expresa el 69 por ciento respecto a la preocupación por la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Por ejemplo, el 45.8 por ciento pide se elijan gobernantes honestos, pero estas características no las destaca el “análisis” del INE.
De esta manera se impulsa la presencia de uniformados en el territorio nacional, tanto en el campo como en la ciudad y, al mismo tiempo, se inhiben las manifestaciones de inconformidad.
En la Consulta Infantil participaron dos millones 916 mil 686 niños y adolescentes y se instalaron 15 mil 516 casillas en todo el país con la participación de 26 mil 533 voluntarios. La participación de la juventud y la niñez sólo se utilizó para reforzar la línea represiva del gobierno federal. Cuando este ejercicio inició se le daba preponderancia a la participación social, al fortalecimiento de la democracia, al respeto por el derecho al sufragio. Ahora los niños y los jóvenes sólo fueron utilizados para darle solidez a las frágiles determinaciones de los políticos en funciones, con la complicidad del INE.
A nadie sorprende que el INE se preste a este tipo de manipulaciones que no por sutiles dejan de ser efectivas y de influir en la sociedad como parte esencial de su manipulación.
© 2016 Microsoft Términos Privacidad y cookies Desarrolladores Español