La corrupción: mitos y realidades

Roberto Vizcaíno

El secretario de la Función Pública nunca perdió el estilo y respondió sin ayuda todos los cuestionamientos
Fue como arar en el mar: Andrade explicaba y los opositores no escuchaban
El funcionario les detalló los cuatro ejes, con los cuales el gobierno combate corrupción y malos manejos


Antenoche, luego de varias suspensiones, finalmente compareció ante los diputados el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.
La comparecencia, realizada ante los miembros de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, abrió cierta expectación frente a los ya muy manoseados temas de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y la de Malinalco de Luis Videgaray.
Sonriente, amable, de corta estatura y un peinado que deja una falsa impresión de superficialidad en él, el titular de la SFP fue recibido prácticamente con una denuncia de juicio político en su contra interpuesta por la fracción de Acción Nacional en San Lázaro ante la Comisión de Procedencia.
Los panistas fundan su petición de juicio político en que Andrade no enjuició a Peña Nieto por lo de la Casa Blanca y por haber solapado supuestamente el conflicto de interés en el caso de Videgaray.
Los panistas interpusieron esta petición de juicio político a sabiendas de que irá a formar parte de un pasivo de cerca de 150 juicios que según la ley, deben ser desahogados conforme lleguen.
Con las cosas así lo evidente es que los blanquiazules buscaban ganar espacios en los medios informativos.
Por lo demás y ante las reiteradas acusaciones y señalamientos de la oposición respecto del tema de la Casa Blanca, Andrade dijo simplemente que la exoneración que hizo en favor de Peña Nieto y Videgaray se fundó en una ley que no contempla castigo alguno para el conflicto de interés.
Se hizo la investigación y se dictaminó el caso con los elementos legales que se tenían a la mano, dijo.
La comparecencia evidenció a una oposición obstinada y monotemática, sin mayores recursos ni ideas y centrada en sólo insistir una y otra vez en el asunto de la Casa Blanca, cuando en el país hay otros muchos casos de evidente corrupción e impunidad.
Agudo sin recurrir ni una vez a documento preparado o necesitar la asistencia de asesores, Andrade respondió uno a uno los cuestionamientos de los diputados y explicó los alcances de su gestión en la Función Pública.
Agradeció la pluralidad de la legislatura que, dijo, es la expresión democrática de la nación y los convocó a centrar su atención en 2 temas de urgente resolución: el combate a la corrupción y la transición hacia la construcción de un gobierno abierto.
Luego expuso los 4 ejes de acción que sigue el gobierno de Enrique Peña Nieto para resolverlos… atención de quejas y responsabilidades públicas.régimen de contrataciones públicas. ejercicio de seguimiento y control de las administraciones a través de auditorías y; construcción de un gobierno cercano y moderno.
Estos, comentó, son los ejes esenciales que permiten de manera simultánea, rendir cuentas sobre lo realizado, identificar los temas de la agenda inmediata de trabajo y sus pendientes así como las insuficiencias y los retos.
Estos 4 ejes viven hoy, agregó, un claro periodo de transición política, legal e institucional.
“En lo político transitamos por un intenso debate público respecto del combate a la corrupción. Ahí convergen todos dentro de un claro marco de desconfianza ciudadana.
“En lo legal, se vive la transición de dos reformas: la del Sistema Nacional de Transparencia y la del Sistema Nacional Anticorrupción”, precisó.
Inéditas ambas en el marco constitucional, señaló, reflejan y muestran una primera voluntad del Estado mexicano.
Consideró que dentro de este esquema la ratificación hecha en favor de la permanencia de la Secretaría de la Función Pública como actor central para dirimir y resolver estos temas, ha permitido que, esta dependencia, a través de sus 200 órganos internos de control dentro de toda la administración pública federal opere para cumplir con los 4 ejes mencionados.
Resultado de este entramado, dijo, se puede señalar que la Secretaría de la Función Pública ha tramitado durante 2015 un total de 26 mil 29 quejas y denuncias de los ciudadanos, y ha sancionado a 8 mil 352 servidores públicos, 10 de ellos titulares de entidades paraestatales.
Todo bajo un solo principio: hacerlo estrictamente apegados a la legalidad. Así ha sido en todos los casos. Incluidas las investigaciones sobre conflicto de interés.
Reconoció que en este punto se requiere fortalecer el sistema de denuncias para que la estadística que indica que 6 de 10 mexicanos que afirman haber vivido al menos una situación de corrupción, se refleje en el número efectivo de denuncias, que indica que solo una de cada 100 es precisamente para denunciar un caso de corrupción.
Hay que resolver esta brecha, dijo, a través de dar un seguimiento efectivo y transparente de las propias denuncias.
Un paso esencial en este esfuerzo será cumplir con la instrucción del Sistema Nacional Anticorrupción, que ordena tipificar de manera más precisa aquellas conductas que constituyen actos de corrupción y definir los alcances y límites del conflicto de interés, indicó.
Todo eso exigirá un rigor procesal, agregó, para que cada caso se sustente en pruebas sólidas a fin de que nada quede en el vacío o la impunidad.
En un primer avance, la Función Pública, dijo, exige ahora una declaración de los servidores públicos sobre sus posibles conflictos de interés. Eso los obliga a actuar dentro de reglas de integridad y parámetros de la unidad de ética y prevención de conflictos de interés.
En lo que va de este año, explicó, el Gobierno Federal ha suscrito unos 125 mil contratos por 600 mil millones de pesos con 166 mil 834 proveedores y contratistas. En la transparencia de todo este gasto, ha sido esencial la aplicación de CompraNet, afirmó.
Otros mecanismos aplicados son las contrataciones públicas con contratos-marco, las compras consolidadas o las operaciones subsecuentes de descuentos.
Para impulsar la competencia en las licitaciones, se exige la participación de 5 propuestas por licitación.
Para reforzar la transparencia, y disminuir la desconfianza y la simulación, adicionalmente se impulsa la participación de los testigos sociales.
Andrade aprovechó para pedirle a los diputados aprobar ya la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, especialmente lo que se refiere a los puntajes en los concursos de las licitaciones.
Indicó que además la dependencia ha realizado 2 mil auditorías a 222 instituciones de la Administración Pública Federal y ha logrado darle seguimiento a la aplicación de más de 38 mil millones de pesos por entidades federativas y municipios a través de 37 programas.
En este espacio, dijo, ha sido esencial la participación de 135 mil personas que integran 31 mil 530 comités que vigilan día a día el desarrollo de los 58 programas vinculados con el desarrollo social en 2 mil 161 municipios, precisó.
Ahora será esencial que este esfuerzo se armonice con la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción y con la Auditoría Superior de la Federación.
En el esfuerzo por ir a un gobierno cercano, moderno y abierto, ya se avanza hacia la operación de la ventanilla única nacional, en coordinación con la Presidencia de la República y con la Cofemer.
Ahí se concentrará la información de más de 4 mil trámites, de los cuales mil 148 tienen ya formatos en línea. En esta página WEB se cuenta además con sistemas de datos abiertos y de participación ciudadana.
La Función Pública vigila además diariamente el desempeño de más de 300 instituciones del gobierno federal y del desarrollo humano de más de un millón 600 mil servidores públicos que integran la plantilla de la Administración Pública Federal.
Con estas explicaciones, la comparecencia se desarrolló en dos planos: el de la insistencia monotemática de los opositores y el de las explicaciones del funcionario que entraban por un oído y salían por el otro de los legisladores de Morena, PRD y algunos del PAN.
rvizcainoa@gmail.com


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