*‘Hay que darles la capacitación necesaria para que respeten los derechos de los pueblos, de las personas y podamos convivir en paz’, comentó el ombudsman
El presidente de la Comisión estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, señaló que es urgente regular a los grupos de autodefensa y policías comunitarias que han surgido como alternativa ante la inseguridad en las comunidades rurales, porque se han visto involucrados en conflictos con saldos fatales como el asesinato de sus líderes e integrantes.
En entrevista, se refirió a casos como el del municipio de Olinalá, donde hace una semana 24 integrantes de la policía comunitaria fueron retenidos por simpatizantes de la organización de Antorcha Campesina, y liberados hasta que se estableció un convenio de no agresión por la rivalidad política entre grupos antagónicos desde hace más de 25 años.
En Guerrero, hay territorios que controla la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en otros el control lo tiene una escisión de la UPOEG, el Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG); ambos tienen grupos de policías comunitarias, que originalmente nacieron con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), cuya zona de influencia se encuentra principalmente en la Costa Chica de la entidad.
El ombudsman señaló que la acción del Gobierno tiene que ser más amplia, dar cobertura a los conflictos, en muchos de los cuales participan estos grupos de autodefensas, para propiciar la estabilidad y la tranquilidad de los ciudadanos.
Dijo que donde se desatiende este tema suceden situaciones lamentables, incluido el asunto de las policías comunitarias que programan sus actividades y competencias como sus integrantes lo piensan, aunque vaya en contra de algunas costumbres de determinados lugares.
Navarrete comentó que ante la existencia de ese tipo de conflictos, las instituciones tienen que estar atentas aportando la parte que les toca para hacer que esos grupos se apeguen a la ley.
“Porque si de alguna manera se está tolerando, permitiendo que ellos actúen, por lo menos hay que darle la capacitación necesaria para que respeten los derechos de los pueblos, los derechos de las personas y podamos convivir en paz”, comentó.
Ramón Navarrete afirmó que si la solución al problema de la inseguridad es que la sociedad arme sus grupos de autodefensa, “hay que darle no solo las armas de fuego, sino las armas legales que les permitan a ellos cumplir con una responsabilidad propia en el ejercicio de la función pública, en la tiene que haber sensibilidad para paliar la petición de justicia que existe en Guerrero”.
Agregó que es necesario y urgente iniciar un proceso de regularización de los grupos de autodefensa, debido a los conflictos en los que han participado y que en ocasiones han cobrado la vida de sus líderes o integrantes.
Recordó que la Coddehum ha atendido conflictos como el ocurrido en San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, donde en marzo pasado policías ciudadanos de la UPOEG irrumpieron y detuvieron a 19 integrantes del FUSDEG; el conflicto escaló y posteriormente hubo un número indeterminado de muertes.
Dijo que entonces se tomaron acciones que evitaran volver a repetir estos hechos, “sin embargo como no somos una autoridad constituida para impartir justicia sino para procurar el respeto a los derechos humanos, lo que requerimos es el concurso decidido de las instituciones que se encargan de la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia”.
Sin embargo, comentó que a pesar de que esperaban que no se registraran nuevos conflictos, recientemente fueron asesinados los coordinadores de la Policía Comunitaria en Xaltianguis, Miguel Ángel Jiménez Blanco, y en El Ocotito, Nelva Sánchez.
“Es un llamado de atención para todos nosotros, tanto para la Comisión de Derechos Humanos como para las instituciones del Estado, para que hagamos algo y no se vuelva a repetir”, subrayó.