Chilpancingo, Gro., 20 de octubre de 2015.- Por unanimidad de votos la 61 Legislatura designó a Benjamín Gallegos Segura, Joel Eugenio Flores, Jaime García Moreno y María Magdalena Vázquez Fierro, como titulares de la Oficialía Mayor, Administración, Comunicación Social y del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, respectivamente.
En la sesión de este martes, se aprobaron dichos nombramientos, luego de que el diputado Ignacio Cueva Ruiz, a nombre de la Comisión de Gobierno, hiciera dichas propuestas.
En otro tema, se turnó a la Comisión de Hacienda las iniciativas de Ley de Ingresos y Tablas de Valores de los municipios de Arcelia, Acatepec, Benito Juárez, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, La Unión, Iliatenco, Juchitán, Pedro Ascencio Alquisiras, Tecpan y Tepecoacuilco, para el ejercicio fiscal 2016.
Asimismo, a la Comisión de Salud fue turnada la iniciativa de Ley para Prevención y Atención del Cáncer de Mama en el Estado de Guerrero, que presentó el diputado Ignacio Neil Cueva Ruiz.
Los legisladores aprobaron también, los nombramientos de Olimpia María Azucena Godínez Viveros y Eva Luz Ramírez Baños, como magistradas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
Asimismo, no aprobaron el dictamen evaluatorio emitido por el Ejecutivo Estatal que determina la no ratificación de Francisca Flores Baez y por el que se deja sin materia el nombramiento de Dionisio Salgado Álvarez, magistrados del Tribunal de los Contencioso Administrativo.
También se turnaron a Comisiones diversos asuntos, entre ellos, un exhorto a la Fiscalía Especializada en materia de desapariciones forzadas y búsqueda de personas desaparecidas, para atender esta problemática, que afecta a la entidad y que ha alcanzado niveles críticos en los municipios de Iguala, Chilapa y algunos de la Sierra.
La creación de una Comisión Especial de diputados del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El exhorto al Ejecutivo Estatal para que informe al Congreso el número de asuntos de niños, jóvenes, mujeres u hombres en los cuales el gobierno, DIF o dependencia haya participado, en el ámbito de su competencia, sobre trata de personas.
La diputada Rosaura Rodríguez Carrillo, presentó un acuerdo para exhortar a los ayuntamientos para que destinen recursos para que los comisarios desarrollen su función y tareas de su comunidad.
En otros asuntos, los diputados de la fracción parlamentaria del PRD presentaron un exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue la probable violación de los derechos humanos que se pudieron haberse cometido en la detención de la estudiante universitaria Lucía Baltazar Miranda