Noé Mondragón Norato
Lectura Política
Los golpes políticos se le acumulan al PRD. Revelan así, los niveles de la descomposición interna que permean a mucha de su militancia. Pero sobre todo, a sus autoridades municipales. Porque ese partido suma hasta la fecha y después de la pasada elección del 7 de junio, dos alcaldes que se metieron al centro de la polémica, por sus presumibles acuerdos y entendimientos con grupos delictivos: el alcalde de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta. Y apenas la semana pasada, el de Cocula, Ulises Ramírez Crespo. Hay que ubicar las vertientes e impactos políticos de estos escándalos que hunden a un perredismo instalado de por si, en el lado más oscuro y siniestro de la política guerrerense.
ALCALDES COLUDIDOS.- A la dirigencia estatal perredista de Celestino Cesáreo Guzmán, le está tocando bailar con la más fea. Porque en menos de cinco meses después de la elección del 7 de junio, ha tenido que sacar la cara por dos de sus alcaldes, chamuscados por la delincuencia organizada. Y se lee así: 1.- Al edil perredista ganador de la contienda electoral por la alcaldía de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, lo exhibieron en un video subido a la red You Tube. Estaba ebrio con presuntos miembros de un grupo criminal. Se comprometía a trabajar con ellos, pues “le habían ayudado a ganar”, según la versión de uno de los que aparecía como el jefe de esa organización. “Jamás les voy a fallar cabrones a ustedes”, repetía el edil en un lenguaje perturbado por el alcohol. Y asumía sin empacho: “Por eso, ¿tú crees que hubiera venido?” En su descargo, el edil asumió haber sido alcoholizado y obligado a pactar con un supuesto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero en el video se observa cómo se sirve whisky de una botella, sin ser obligado. Sin embargo, y jugándole a la víctima, se dijo dispuesto a declarar ante la Fiscalía Estatal y ante la PGR. Solo el ex fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz, lo citó a declarar sin que dicho ex funcionario informara después, cuál fue el contenido de esa declaración. La PGR por su parte, se hizo la disimulada. Y el dirigente estatal del PRD, enmudeció. Dejó que el amigo tiempo se encargara de otorgarle el beneficio de la duda a su edil. Jamás planteó la posibilidad de que fuera retirado de aquella alcaldía calentana. Al hacerlo así, el propio Celestino Cesáreo, comenzó a operar su propio desgaste político como dirigente perredista. Y faltaba. 2.- El pasado miércoles 28 de octubre, fue detenido en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, Adán Zenen Casarrubias Salgado, uno de los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos. Lo desconcertante es que al momento de su arresto, dicho sujeto se encontraba acompañado por Erick Ulises Ramírez Crespo, presidente municipal perredista de Cocula, así como de Eloy Flores Cantú, quien se identificó como Asesor Jurídico del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados Federal. ¿Qué hacía el alcalde reunido con un presunto delincuente? Sus familiares alegaron que había sido secuestrado. Pero lo curioso del caso es que no estaba ni atado ni amordazado ni confinado a un lugar en concreto, como ocurre con los secuestrados. Y había una bolsa que contenía, presumiblemente, cocaína. El dirigente estatal del PRD, Cesáreo Guzmán, volvió a resbalar. Asumió “no meter las manos al fuego por él, pero debía investigarse a fondo”. ¿Acaso le pareció poco haberlo encontrado literalmente, con las manos en la masa? ¿Qué nivel de cinismo y complicidad puede esperarse del dirigente de un partido que con su actitud, está solapando de antemano a este tipo de personajes en su partido? No solo es el PRD y sus tribus los que están literalmente en el suelo, sino también y sobre todo, sus dirigentes. Y así, ni cómo se levanten.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Lleva un mes como edil de Chilpancingo, y Marco Antonio Leyva Mena, no reacciona. Ni siquiera para tapar los hoyos de las dos avenidas principales de la capital, que lucen como rancherías: abandonadas. A ese ritmo, el priísta acumula progresivamente, puntos. Pero en contra. A ver si el corte de caja de los 100 días de gobierno, lo alcanza a tocar en el Congreso local.