Policía Única Estatal y la vertiente política

¿Por qué razón el gobernador Héctor Astudillo, anunció inicialmente, la implementación del Mando Único Policial y luego cambió el concepto a Policía Única Estatal? Simple: no estaba lo suficientemente informado a detalle sobre una y otra. Tuvo que darse la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el pasado 13 de enero en Toluca, para que el mandatario estatal corrigiera. Y se pronunciara ahora por la implementación de este inédito mecanismo orientado presumiblemente, a generar una mayor confianza en las policías. Pero sobre todo, en el esquema de la seguridad pública que está en crisis terminal. Sin embargo, hay puntos al respecto que no dejan de causar cierta controversia. Hay que verlos.
EL FORCEJEO POLÍTICO.- Para el priísmo y para el presidente Peña Nieto, la salida más viable y rentable para enfrentar a la delincuencia organizada en una coyuntura de amplia crisis de las instituciones respecto de esa amenaza que aumenta día con día, consiste en la creación mediante una reforma Constitucional, de la Policía Única Estatal. Pero tiene sus bemoles. Se lee así: 1.- Los municipios representan el primer círculo de resistencia a este modelo policial. Por una razón muy expuesta: la policía de dichas demarcaciones terminará integrada progresivamente, a la Policía Única Estatal. Y de esta forma, los alcaldes se encargarán de tareas meramente administrativas. Es decir, el cobro de servicios como el predial, agua potable, infracciones de tránsito, y la expedición de actas en el registro civil, entre otros. Serán desplazados de las tareas de seguridad, aquellas justamente de las que ya han sido rebasados por el delito. Y hasta ayuda han pedido al Estado y la Federación, para resguardar su propia seguridad personal. El punto es que se quedarían sin la posibilidad de tener a su servicio una policía que los cuide. Y por esa razón, algunos de ellos se oponen a la dicha medida. 2.- El gobierno estatal controlará progresivamente y en su totalidad, a las policías municipal y estatal. Revestirá al gobernador en turno de una gran responsabilidad en materia de seguridad. Más de la que actualmente proyecta. Pero también, de un poder policial como nunca lo ha tenido gobernante alguno. 3.- Para entender una parte podrida del Mando Único Policial y comprender que no es la panacea en materia de seguridad pública, basta con asomarse al ejemplo del vecino estado de Morelos, donde muchos alcaldes se quejaron justamente, de la implementación de esta medida. Acusaron abiertamente a muchos de los policías que lo integraban, de ser quienes les cobraban el consabido y extorsionante derecho de piso. Y por esa razón, el alcalde de Cuernavaca y ex futbolista metido fortuitamente a la política, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se opuso a su puesta en marcha en aquella ciudad capital. Aunque al final tuvo que aceptarlo, tras las zancadillas políticas emprendidas en su contra por el gobernador perredista, Graco Ramírez. 4.- En Acapulco, el edil perredista Evodio Velázquez Aguirre, no digiere el Mando Único Policial. Tampoco la Policía Única Estatal. No solo porque desconoce a fondo los resortes que lo operan –en sintonía con el propio gobernador Astudillo-, sino porque se trata de una inmejorable arma política para tomar distancia del PRI. Y para incrementar su liderazgo y asumirse como auténtica oposición. En el PRD lo saben. Y en sintonía con el Morena de López Obrador, es evidente que van a ordenar a todos sus alcaldes, rechazarla por anticipado. Antes de que nazca en Guerrero. El punto ya se advertía desde antes: un asunto de seguridad pública, terminará convirtiéndose en un instrumento político-electoral. Siendo parte de un experimento que medirá resultados, el PRI lo necesita para neutralizar a la delincuencia organizada. Desde luego, también para crecer y ganarse simpatías ciudadanas perdidas. Y el PRD, para demostrar su inviabilidad desde la trinchera política. Ahí se ubica el verdadero forcejeo entre ambos partidos políticos.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Uno de los personajes que comienza a reñirse con los resultados, es el fiscal estatal, Xavier Olea Peláez. Los hechos de los 17 desaparecidos en Arcelia –que luego se convirtieron en 21-, lo hicieron caer en contradicciones muy marcadas. Y su pasividad para actuar, también. Olea Peláez debe entender que no es lo mismo defender lo indefendible como abogado en asuntos polémicos, que enfrentarse a las realidades deprimentes que exhiben y desgastan.