¿Qué esconde Luis Walton?

ABRIL 29, 2015

Un punto que debe reconocerse a los candidatos que hoy buscan la gubernatura en Guerrero, es la disposición que muestran algunos para hacer pública su declaración patrimonial. La consideración a ellos deriva de una simple premisa: quienes abren a la ciudadanía guerrerense qué ingresos, ahorros y propiedades poseen, muestran disposición para someterse al escrutinio público, transparentar su actividad política e incorporar la rendición de cuentas como elemento de su posible gestión al frente del gobierno.

De los candidatos en pugna por la gubernatura, resulta sorpresivo que el único que abiertamente se ha negado a demostrar su patrimonio es Luis Walton, candidato del Movimiento Ciudadano. Es extraño porque Walton hoy utiliza el tema de la transparencia durante su gestión en Acapulco como estandarte de campaña. Ante la petición de hacer pública su declaración de bienes, tajante, el ex presidente municipal ha afirmado que no la dará a conocer para no poner en riesgo la seguridad de su familia, pues “es una situación difícil”.

¿Qué puede decirle a los guerrerenses la declaración patrimonial de Luis Walton? ¿Qué tan grande es su fortuna como para tener miedo de hacerla pública? ¿Acaso hay algo ilegal o ilícito en ella? ¿Le asusta que los ciudadanos -a los que pide el voto y que a duras penas sacan para el gasto cotidiano- conozcan la fortuna personal de quien quiere ser su gobernador? ¿Se avergüenza de ser un rico empresario que enarbola las causas de izquierda en uno de los estados más pobres del México?

La preocupación por su familia es legítima. Muchos padres y madres guerrerenses la comparten. Sobre todo esa gran cantidad de familias que han sufrido la lacra del robo, homicidio y secuestro que se ha disparado en los casi 10 años de “gobiernos de izquierda” en Guerrero, los cuales han convertido en cajas negras los recursos públicos y cuyos notables personajes se han marchado con ofensivas fortunas mientras continúan ofreciendo promesas de cambio y esperanza.

Walton parece olvidar que los publicitados casos de corrupción y enriquecimiento ilícito que han salpicado a todos los partidos, alimentan en la ciudadanía sentimientos de desconfianza que sólo ensucian la imagen de políticos y gobernantes e incrementan el cansancio, hartazgo y rechazo de la sociedad hacia los asuntos públicos. Ejemplos recientes como el escándalo de los sobornos de Rogelio Ortega para mantenerse en el poder, así como la apatía generalizada que vive el proceso electoral en Guerrero, son muestra de ello.

La negativa de Luis Walton a hacer público su patrimonio plantea serias dudas sobre sus posibles acciones como gobernador en materia de transparencia y rendición de cuentas. De ganar, no es descabellado imaginar una administración todavía más opaca y oscura que la actual, donde los recursos públicos se perderán, una vez más, en proyectos o cuentas fantasmas sin que los guerrerenses vean un centavo o beneficio de los mismos.

Hoy, más que nunca, todos los candidatos están obligados a demostrar transparencia y pulcritud, primero en su propia casa. Héctor Astudillo y Beatriz Mojica Morga ya hicieron lo propio. De los pocos aciertos que ha tenido la candidata del PRD, puede apuntarse la petición de que todos los contendientes presenten, además de su declaración patrimonial, el resultado de un examen antidoping y la carta de no antecedentes penales a fin de brindar confianza ante el electorado.Walton, por lo pronto, en una actitud poco republicana, ya se negó a lo primero.

La pregunta para los guerrerenses es si seguirán permitiendo el obsceno enriquecimiento de líderes supuestamente comprometidos por las causas sociales pero que en realidad ocultan sus intenciones de llenarse los bolsillos sin que nadie pueda exigirles cuentas de sus gestiones.

Guerrero necesita gobernantes con un alto nivel de claridad, sobriedad y prudencia política, capaces de admitir sus aciertos y errores, pero sobre todo, con la firmeza necesaria para romper la espiral de turbios manejos que ha caracterizado a los últimos gobiernos, los cuales son responsables directos de las deplorables condiciones que guarda el Estado y su administración.
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