Revocación o Extorsión

La costumbre que se hace ley. Esta es la difícil, la dura realidad de aceptación por parte de la opinión pública, de una situación grave, cuando algunos indicios de sospecha y corrupción se convierten en dados de la suerte para quienes requieren de cierta legitimidad jurídica para el ejercicio de sus funciones. El gobernador del Estado Rogelio Ortega Martínez, en su actual condición de transitorio para cubrir la vacante de Ángel Aguirre Rivero, halla piedras en el camino legislativo para terminar con el periodo de gobierno inconcluso que le tocó conducir. Algunos de los diputados -¿legisladores?-, han encontrado, de repente, varios y suficientes inconvenientes para que la normatividad se cumpla en su caso, conminándolo, amenazándolo diría yo, a que entregue el mando de la gubernatura, el próximo día 26 de este mes y no en Octubre como debiera ser republicanamente. Ex profeso, dedicado exclusivamente a la persona y autoridad de don Rogelio, grupos de bancadas han alterado el espíritu legal de la letra del decreto que promulgó al actual régimen, como si las leyes en vez de ser disposiciones de observancia general, fueran dictados exclusivos para ser aplicados a una sola persona. Antes de pulsar como prevaricación, la chueca norma de cambiar por ánimo sin justificante, una ley establecida: agregarle prejuicios a modo y a conveniencia, sustituirla, enmendarla, quienes alegan desde la Cámara local de diputados que el actual gobernador debe irse, no están conscientes que la aberrante retractación de un decreto, por el simplismo de retirar a un gobernador de su cargo, es una medida que no corresponde al interés público de la ciudadanía.
Como si careciéramos en la Entidad de conflictos, de reyertas que se pudren en el alegato inútil. Guerrero es una ínsula de reclamos y perfidias, de áreas atrofiadas por la violencia. Zonas pervertidas por la protesta de sindicalizados, obreros, campesinos, burócratas, laya de menesterosos que apilan en montones su inconformidad. Que me perdonen mis lectores pero es fama pública que no desea confirmación, el viejo estilo de la legislatura: cobrar dividendos por cada una de las promociones que tengan que legitimar con su voto. Se sabe que con treinta diputados sometidos al redil de los billetes cualquier gobernador puede disponer de todo lo que les solicite. Es una peculiar -de peculio: caudal, bienes, fortuna-, manera rutinaria de obtener mayorías artificiales y aprobaciones fortuitas. Lo que menos tiene el Congreso local es honra y reputación, cariz de buena conducta como para que los guerrerenses le creamos que ahora sí está actuando por prudencia, honestidad y que de un día para otro, sus asistentes se han convertido en esos representantes populares genuinos que Guerrero nunca ha tenido. Lo que Rogelio Ortega Martínez está viviendo en su investidura oficial hoy, es un intento de extorsión descarada, sin pudor, al aire libre, igual a la que padecemos los ciudadanos de a pie que somos víctimas a la escampada de la descomposición social. Cual fervor republicano. Que vanidad encrespada de leguleyos que se ayuntan para atemorizar a su objetivo. El Congreso lo que no sabe es que una acción con dedicatoria, como lo es en este caso, puede ser anulada por la Suprema Corte con un amparo directo interpuesto como quejoso por Rogelio Ortega Martínez.
PD: “A los amigos, justicia y gracia”: Porfirio Díaz.