Candelero
Abraham Mohamed
* Por ahora, en el mundo no le creen a Peña Nieto que aquí haya garantías para invertir
Inútil es y será el afán del Presidente Peña Nieto para “Mover a México” con sus aprobadas Reformas Estructurales, mientras impere la corrupción y la impunidad que nos agravian.
De anda sirve ni servirá que ande por el mundo tratando de convencer a gobiernos e inversionistas extranjeros para fomentar el comercio y negocios, ofreciendo apoyos y seguridad para su desarrollo, si eso no es cierto.
Y que me disculpe el señor Presidente Peña, pero si no se avanza como se esperaba en tiempo y forma con sus Reformas, es porque en las corporaciones empresariales, ya sean nacionales o extranjeras, saben muy bien que no hay ninguna garantía jurídica para desarrollar legalmente sus actividades ni tampoco hay seguridad para sus ejecutivos que temen ser víctimas de la delincuencia organizada en la que participan policías protegidos por políticos que impunemente los pueden extorsionar, secuestrar o asesinar a ellos o a cualquier familiar, sino cumplen con sus exigencias, tal como ha ocurrido y ocurre con muchos de sus colegas empresarios.
El Presidente Peña Nieto tiene que convencer a los cúpulos que conforman el “Estado de facto” y al “Boss” que es gobierno yanqui para realizar una urgente recomposición en el sistema político que permita levantar el manto de impunidad –aunque sea parcialmente- que cubre a nefastos personajes que perjudican su Plan Nacional de Desarrollo sustentado en las reformas estructurales, surgidas del Pacto por México.
Y como si yo me quedara corto en estas apreciaciones, surge lo que apenas acaba de escucharse en el acto donde asumieron su cargo 66 Jueces de Distrito especializados en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Ahí les dijo Fernando Franco, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo siguiente: “corrupción e impunidad agravian a la sociedad mexicana, que en importante medida ha perdido la confianza en sus instituciones y entre ellas, en las de justicia”, precisando que “quizás a cinco meses de que entró en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio en el país, muchas de las instituciones federales y locales involucradas no están del todo preparadas, pero que ahí está la Judicatura lista y dispuesta a implementar lo que le corresponde”.
Por si esto no fuera suficiente, Martha Hernández Alvarez, Consejera de la Judicatura Federal advirtió que la delincuencia organizada busca infiltrarse en el Poder Judicial. Les pidió a los nuevos funcionarios que resistieran las presiones a las que se enfrentarán porque deberán recuperar lo que desafortunadas y malas prácticas deterioraron con el paso de los años e hicieron deslucir la digna labor de impartición de justicia, Los exhortó a terminar con la vergüenza que a veces siente la sociedad civil por haber tenido fe y confianza en sus instituciones.
Esto no es una luz roja más, más bien es un enorme reflector para que el Presidente Peña Nieto se aplique –si es que realmente puede- como el Jefe Supremo de las Instituciones Nacionales en las que obviamente se incluye al Estado de Facto.
Ya no se puede ni se debe solapar a nadie que ha delinquido o delinca en cualquier esfera de poder público o privado, sea político, policía, militar, empresario, funcionario o burócrata.
Hay que meter a las ratas a prisión y obligarlos a regresar lo robado a la Nación.
No hay que tolerar a más Moreiras como Humberto y su hermano Rubén quienes como gobernadores arruinaron a Coahuila; o como a los Duarte –Javier el de Veracruz y César de Chihuahua-, quienes igual que Graco Ramírez de Morelos no solamente han saqueado las arcas de sus Estados, sino lo más grave, repudiados por la sociedad civil, también se sospecha que están involucrados con la delincuencia organizada como ocurre con Rodrigo Medina de Nuevo León y Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores que gobernaron Tamaulipas y que son investigados por eso en Estados Unidos.
Uta…..si el Presidente Peña Nieto levantara tantito el manto de impunidad y se actuara contra ellos metiéndolos a la cárcel junto con sus compinches obligándolos a regresar lo robado, estoy seguro que no solo se recuperaría de inmediato la confianza de los agraviados mexicanos sino que al trascender al mundo sus confirmadas acciones contra la corrupción e impunidad, se detonarían las inversiones de las corporaciones extranjeras para activar como nos urge, el desarrollo nacional.
Seguiremos fregados si nos avientan el rollo de que “para actuar firme en el marco del Derecho hay que esperar que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción que cumplirá un año éste próximo mes de Febrero de que lo dictaminaron los Diputados pero que se congeló en el Senado. Se espera que en éste nuevo periodo de Sesiones se vote y, por incluir reformas a la Constitución, tras aprobarlo los Senadores, sea enviado a los Congresos Estatales para que se avale por la mayoría de ellos lo cual llevará algo de tiempo.
Pero parece que todo está sincronizado para que sea el gobierno del sucesor de Peña Nieto en la Presidencia quien inaugure dicho Sistema y el arranque de la Fiscalía General de la República conformada por la Fiscalía Anticorrupción y la de Delitos Electorales en el 2018.
Dicha Fiscalía será autónoma y su titular lo designará el Senado y ya no el Ejecutivo como ocurría con el titular de la PGR, precisando que este cambio se debe también a una Iniciativa peñista.
Retomando el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, pienso que no está nada mal porque coordinará y homologará acciones y políticas en los tres niveles de Gobierno, federal, estatal y municipal para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, pero en lo que no estoy de acuerdo, es que por el bien del gobierno federal, se debiera proceder contra los descarados y cínicos corruptos y ya no darle más largas a las acciones, porque hacerlo, generará “sospechosismo” de contubernio y eso no va con el Presidente Peña Nieto.
Pero en fin, ya veremos lo que pasa. Por lo pronto aquí le voy a dar a conocer el contenido del susodicho Sistema:
1.- Los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés.
2.- El Secretario de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo pero lo ratificará el Senado para garantizar su imparcialidad.
3.- Se amplía de 3 a 7 años el plazo para que prescriban las sanciones administrativas.
4.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar recursos federales destinados a Estados y Municipios y ejercidos por Fideicomisos, Fondos y mandatos públicos y privados
5.- Se crea nuevo esquema para responsabilizar a servidores públicos y a particulares que cometan faltas administrativas.
6.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal de Justicia Administrativa, con facultades para sancionar a los servidores públicos federales por faltas administrativas graves
7.- Los Estados deben crear sus Sistemas Locales Anticorrupción.
8.-Se crea un Comité Coordinador entre las diversas instancias involucradas a nivel federal, estatal y municipal que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Fiscalía Anticorrupción; por el de la Secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno; por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por el titular del IFAI; por un representante de la Judicatura Federal y otro de Participación Ciudadana.
Las facultades del Comité serán diseñar y promover políticas para fiscalizar y controlar recursos públicos, prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción, con especial atención a las causas que los generan de lo cual presentarán un informe anual.
Emitirá también recomendaciones a las autoridades para que adopten medidas preventivas de corrupción y mejora del desempeño y control interno, estando obligadas dichas autoridades a informar sobre la atención que den a tales recomendaciones.
9.- Se cierra la discrecionalidad y abuso de autoridad, corrigiendo procedimientos y el entorno donde la corrupción se haya realizado en forma sistemática.
10.- Se propone crear un Comité de Participación ciudadana integrado por cinco ciudadanos destacados por su conducta transparente, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
11.- Se faculta al Congreso para expedir la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, teniendo un año de plazo a partir de la entrada en vigor del Decreto correspondiente para aprobar las leyes generales y las reformas a la legislación incluidas las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Y ya para finalizar, tanto el Congreso de la Unión como los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del DF deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales.
Como verá usted, todo está muy bien proyectado, pero lo que ha fallado y falla es el freno a la corrupción a la impunidad y ahora, por eso, algunas de las Reformas Estructurales –en particular la Energética- en la que se sustenta en gran medida el patrimonio y obviamente la economía nacional, no avanza como se esperaba.
Insisto, Peña Nieto detonará esos apoyos y recursos que busca desesperadamente tanto en el país como en el extranjero, si recupera la confianza de los inversionistas.
¿Cómo?.... con seguridad y justicia, metiendo a la cárcel a los ya muy publicitados ratas y obligándolos a regresar lo que se robaron; a no solapar a gobernadores repudiados por la mayoría de los ciudadanos, porque de no ser así, sus Reformas Estructurales que esencialmente son valiosas, valdrán un pito y él, desafortunadamente, en vez de trascender como el “Presidente que Transformó y Movió a México hacia el Desarrollo”, pasará al basurero de la historia nacional que yo, en lo personal, no deseo que ocurra por el bien suyo, de la Patria y el de todos los mexicanos.
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