LECTURA POLÍTICA
Noé Mondragón Norato
La reactivación de las acciones vandálicas y hostiles por parte de los normalistas de Ayotzinapa se entiende y también se justifica. Porque a tan solo cuatro días de que se cumpla el primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, la PGR se ha hecho bolas ante las evidencias inéditas surgidas al amparo de las nuevas investigaciones. Y eso ha provocado el enojo tanto de padres como de estudiantes normalistas. De ahí que, los cuatro días que siguen, serán de extrema radicalización. Una rápida exploración a los últimos acontecimientos, permite entender algunos motivos de esta inminente movilización.
PEÑA NIETO: INVESTIGACIÓN A MEDIAS.- Si bien es cierto que el gobierno federal ya capturó a varios de los presuntos involucrados en los funestos eventos ocurridos durante el 26 y 27 de septiembre de 2014, en los hechos ha operado deficientemente. Es decir, ha hecho las cosas a medias. Y se advierte así: 1.- De entrada, el gobierno federal expulsó del gobierno estatal a Ángel Aguirre Rivero. Desde luego, también cayó el edil de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. El cadalso político se detuvo ahí. Surgieron más nombres de ex ediles vinculados con el crimen organizado. Pero el gobierno federal se dedicó a construir y fortalecer la versión, en el sentido de que los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Es decir, le urgía darle carpetazo al asunto de la manera más rápida posible. Pero se olvidó de investigar a esos ex ediles. Hizo caso omiso a otras versiones que vincularon también a diputados locales y federales. Porque estaba muy próxima la elección federal intermedia. Y a punto de cumplirse el primer aniversario de la desaparición de los normalitas, la conclusión es obvia: el gobierno de Peña Nieto dejó a medias, la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No le dio consistencia ni soporte. Lo peor es que también soslayó las pesquisas sobre otros notables políticos vinculados al delito. Ese hecho por supuesto, le restó credibilidad al gobierno federal. 2.- Los normalistas de Ayotzinapa se quedaron sin interlocutores ni partidos políticos que los defendieran. Por eso se entiende que, tras los acontecimientos de Iguala, vandalizaran en las sedes partidistas del PRI, PRD y PAN en Chilpancingo. Les prendieran fuego. Hoy, el PRD y su caricaturesco dirigente estatal, Celestino Cesáreo Guzmán, asume que “la lucha de los estudiantes de Ayotzinapa, es también del PRD”. ¿Olvida acaso que fue su partido quien postuló como candidato a la alcaldía de Iguala, a José Luis Abarca Velázquez? ¿Soslaya también que como dirigente estatal no condenó ni reprobó el arribo de Sebastián de la Rosa Peláez, como coordinador de fracción en el Congreso local y estultamente se lavó las manos justificando que, “esa era una decisión de los diputados locales del PRD”? 3.- El caso Ayotzinapa no tiene respuestas concretas. Aunque la versión más creíble y socorrida, es que ninguno de los 43 estudiantes esté con vida, el punto es que el gobierno federal ya admitió ese funesto final, pero se enredó en su propia investigación. La verdad histórica es clara: la delincuencia organizada participó en la ejecución de los normalistas. Ya hay detenidos. Pero si hacía falta un elemento para politizar esos eventos, el propio gobierno federal abrió esa pauta al permitir que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), retomara las investigaciones. Y tumbara toda la versión oficial. De golpe, la administración federal presidida por Peña Nieto, se metió solita, en una encrucijada. Porque por un lado avala la investigación de la PGR. Y por el otro, también admite la versión del GIEI. Dos “verdades” contrapuestas. Y como corolario de todo lo anterior, la radicalización de la protesta normalista que se avecina.
HOJEADAS DE PÁGINAS…La agresión a balazos contra el periodista calentano, Cecilio Pineda Brito, es un hecho que no puede tomarse a la ligera. No es posible que en las democracias modernas existan este tipo de ataques aberrantes contra la libertad de prensa. Los gobiernos federal y estatal deben realizar una profunda investigación al respecto. Y tomar con urgencia, medidas radicales en defensa del comunicador agraviado. Porque la intolerancia es primitiva y revela cerrazón e ignorancia.